Morir en clandestinidad

Una mujer de 34 años murió producto de un aborto inseguro. El desamparo estatal no salvó ninguna vida. Y dejó a un niño de dos años sin su madre.

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Liz ingresó el domingo al Hospital Belgrano, localidad de San Martín, con un grave cuadro de septicemia producto de un aborto. Le practicaron una histerectomía -extirpación parcial o total del útero- de urgencia pero, finalmente, falleció en la noche de ayer.

Ingresó a la guardia con una infección generalizada por intentar interrumpir su embarazo con el tallo de un perejil. Luego de extirparle la totalidad del útero, la derivaron al hospital Pacheco, de alta complejidad. En el mismo quedó internada en terapia intensiva hasta esta madrugada. Su muerte, como otras cientas en Argentina, deja entrever que el aborto es una cuestión trasversal y las vidas que se pierden siempre son de quienes realizan prácticas más riesgosas y en las peores condiciones.

El miedo a morir, muchas veces, es menor en relación a ir a la cárcel. No desear ser madre obliga a recurrir a lugares ilegales en donde la vida de una mujer no vale nada. El sometimiento frente a la criminalización y estigma, junto a la resposanbilidad estatal frente a una nueva muerte en manos de la clandestinidad, remueve el rechazo del Senado de la Nación frente a la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo.

Lejos del mundo ideal y utópico que plantean quienes defienden “las dos vidas”, el aborto existió y existe y sólo logramos verlo cuando se lo realiza una amiga, una hermana o, en el peor de los casos, en la muerte de una piba por hacerlo en condiciones inseguras. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lamentó el fallecimiento de la mujer y responsabilizó a los legisladores por este desenlace fatal en manos de la clandestinidad. Además, se responsabilizó a las autoridades provinciales que dificultan la implementación efectiva del Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación.

El hashtag #ElSenadoEsResponsable acompaña los tweets de decenas de personas que cuestionan el rechazo de los y las 38 legisladoras de una práctica que existió toda la vida. Detrás del alivio de María Eugenia Vidal y el festejo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, hay una realidad: las muertes por abortos inseguros son responsabilidad del Estado.

El domingo anterior a la votación en la Cámara de Senadores, murió producto de un aborto clandestino Liliana Herrera, 22 años, en Santiago del Estero. El martes 7, además, una mujer de 34 años, mendocina, fue internada con una hemorragia, fiebre e infección avanzada.

Por hora, en Argentina, se realizaran alrededor de 41 abortos. Por día son 984 y por año más de 350000. Producto de una práctica en condiciones paupérrimas, más de 70000 deben ser hospitalizadas. Se entiende que, con la implementación de la legalidad, las internaciones reducirían más de un 90%. Según Rubinstein, el número de internadas, pasaría a ser 1445.

Mientras quienes dicen ser protectores de la vida, se regocijan con las los abortos incompletos o que concluyen en muertes, utilizando las amenazas y la violencia, afuera hay mujeres buscando ayuda para no morir, nunca más, en manos del aborto clandestino.

La pregunta es siempre la misma: “¿Cúantas mujeres y personas gestantes muertas más van a necesitar para entender que el aborto debe ser seguro, legal y gratuito en la Argentina?”

 

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