La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina por el atentado a la AMIA, al culpar al Estado tanto por no haberlo prevenido, como por sus posteriores deficiencias en la investigación y encubrimiento de los hechos.
#Sentencia del Caso Asociación Civil Memoria Activa Vs. Argentina🇦🇷. El Estado es responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
Lea el comunicado de prensa aquí: https://t.co/y1Pl31svjg#DerechosHumanos #Justicia… pic.twitter.com/MMOakXZkeQ— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 14, 2024
En profundidad
“En la sentencia notificada hoy en el Caso Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, expresó la Corte Interamericana en un comunicado que dio a conocer en las últimas horas.
“La Corte declaró, además, la responsabilidad de Argentina por no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado. Asimismo, se determinó la violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como por las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas en acceder a la información sobre el caso”, agregó el tribunal internacional.
En cuanto a la investigación, la Corte Interamericana sostuvo que durante la misma, sucedieron una serie de irregularidades en la práctica de diligencias esenciales y se dio un abandono deliberado de algunas líneas de investigación. En el mismo sentido, sobre el encubrimiento, el tribunal señaló que se comprobó que agentes estatales, entre los que se encuentran policías, magistrados y personal de agencias de seguridad, actuaron de forma articulada con el propósito de “construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico”, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables de los atentados, impidiendo una investigación diligente que permitiera a las víctimas, y a la sociedad en general, conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables.
La CIDH afirmó que Argentina “conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, por lo que consideró que violó su obligación de prevención y por tanto es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas del atentado”.
Al respecto, recordó que el terrorismo es un fenómeno que pone en riesgo los derechos y libertades de las personas, y que los estados tienen la obligación de adoptar aquellas medidas que resulten adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir ese tipo de actos.
“A casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación, por lo que la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales, al juez imparcial, al plazo razonable y a la protección judicial”, cerró el tribunal.