Una empleada de la municipalidad de Cachi, Salta, fue filmada cuando mató a su gato el 9 de julio. Tras una denuncia, la mujer fue imputada por maltrato animal. Finalmente esta semana, mediante un acuerdo le fueron impuestas medidas reparatorias.
En simultáneo, y a nivel nacional, se debate la “Ley Conan”, con la que se pretende endurecer las sanciones a este tipo de conductas.
En profundidad. El fiscal Daniel Escalante intervino en esta causa que se originó a partir de una exposición radicada en la Comisaría 1º de Cachi el pasado 9 de julio por un turista de la provincia de Salta. El denunciante, que se encontraba alquilando una cabaña en el paraje Fuerte Alto, manifestó que una vecina habría matado a un gato ahorcándolo. La policía obtuvo un video de una persona que no quiso identificarse, en el cual se observa el hecho denunciado, y así se identificó a la acusada.
La abogada Carmen Cartagena Céspedes, representante legal de la Fundación Ajuya Jalala, se comunicó ese mismo día con el fiscal para informarle del caso y solicitar su intervención. Al día siguiente se presentó como querellante.
Ese mismo fin de semana la acusada fue detenida. En la imputación el fiscal explicó que la Ley N°14.346 protege a los animales como “sujetos de derechos”, y destacó que la conducta de la acusada afectó a un ser vivo capaz de sufrir, no a un objeto.
En la misma línea, mencionó recientes estudios y jurisprudencia que reconocen a ciertos animales como “personas no humanas” merecedoras de derechos básicos, como el de no ser torturados ni maltratados, y citó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que recientemente afirmó que los animales deben ser protegidos.
Finalmente, y como se trata de una persona primaria en el delito que no tiene ningún antecedente, la querella y la defensa acordaron que la acusada pagará 30 castraciones a gatos en situación de calle en Cachi, a cargo de un veterinario designado.
Asimismo, la Asociación Hocicos Fríos Cachi realizará controles del estado de los otros animales que están a cargo de la imputada, incluyendo medidas de saneamiento y vacunación, y la esterilización si es necesario, para evitar su reproducción.
Todas esas medidas fueron requeridas por Cartagena Céspedes, pero la abogada también había solicitado que se le prohibiera a la acusada la tenencia de animales. “Además, va a realizar conmigo un curso de derecho animal de manera virtual”, señaló.
Dentro de las medidas reparatorias, la mujer deberá realizar un mural de concientización e información sobre los derechos de los animales y su protección jurídica, en una pared designada por la Municipalidad de Cachi.
Qué cambiaría en caso de aprobarse la “Ley Conan”
En simultáneo, y desde el 3 de julio, se debate en la Cámara de Diputados de la Nación la “Ley Conan” en homenaje al perro que tenía el presidente Javier Milei, y del que dijo haber clonado a sus actuales canes.
Aunque en su caso no siguió el “no comprés, adoptá” que promueven las organizaciones defensoras de los animales, el primer mandatario se muestra interesado en sancionar de forma más dura el maltrato animal y apoya la propuesta legislativa presentada por el diputado nacional del PRO Damián Arabia.
El proyecto busca actualizar la legislación vigente sobre maltrato animal, agravando las penas y estableciendo nuevas sanciones para quienes cometan actos de crueldad y abandono de animales.
La abogada querellante en el caso cordobés participó en la elaboración de un dictamen que aportaron a los asesores legales del legislador que impulsó el proyecto de ley. Propuso un máximo de pena mucho más alto que el contemplado por el proyecto. “Ocho años por lo menos, con agravantes y con tipos penales que no están previstos en la 14.346 y tampoco estaban previstos en esta ley (propuesta)”, indicó Cartagena Céspedes.
El proyecto inicial propone que quien maltrate o haga víctima de actos de crueldad a animales sea reprimido con prisión de 6 meses a 5 años, con multa de cinco a 30 veces el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Cartagena Céspedes explicó que en el caso de aprobarse la Ley Conan, perdería vigencia la ley 14.346. “Las multas no sé si sirven tanto como para ejecutarlas ya que va a haber personas que estén condenadas por maltrato animal que paguen una multa y otras que no porque su situación económica no se los va a permitir. Por lo tanto ese punto no va a ser muy conveniente desde mi punto de vista”, analizó.
Sin embargo, consideró que “puede haber miles de leyes, pero la cuestión no pasa por si hay normas que prohíban o autoricen”. “La cuestión está en que la persona se concientice y entienda que se debe respetar la vida de un ser vivo y que se debe adecuar a las normas», reflexionó.