Con la declaración del secretario de Cristina Fernández de Kirchner, y otros cuatro testigos más, se reanuda el juicio que investiga el intento de asesinato de la expresidenta. Con reclamos por la falta de avances en la pesquisa por la autoría intelectual, el debate seguirá centrado en las circunstancias del ataque. Además, se va a peritar por tercera vez el celular del principal acusado Fernando Sabag Montiel.
En profundidad. La cuarta audiencia del debate que comenzó el 26 de junio pasado comenzará con la declaración de Diego Emiliano Bermúdez Bringue, el secretario de la exmandataria, quien estaba junto a ella el día que por milagro no salió la bala de la Bersa calibre 22. El hombre relatará lo que otros testigos ya contaron ante el Tribunal y lo que los videos exhibieron al mundo entero.
De la misma manera, prestarán declaración bajo juramento otros cuatro militantes que presenciaron los acontecimientos en la puerta de la casa de Cristina. Se trata de Walter Oscar Ruales, Marcelo Fabián Fernández, Sofía Manusovich y Martina Cángaro. Las dos jóvenes, fueron mencionadas por el testigo Cristóbal Elgueta, el militante que logró captar el video en el que se ve el arma apuntando a la cara de la expresidenta.
Sofía y Martina interactuaron con la custodia de la entonces vicepresidenta después del ataque, a la que le entregaron las imágenes que hoy son prueba fundamental en el expediente.
De esta manera, no quedan dudas sobre lo ocurrido en vivo y en directo para las cámaras de televisión y relatado por las personas que estaban al momento del intento de magnicidio. Es decir, está dilucidado el hecho material, aunque lógicamente deba quedar plasmado en el juicio.
Sin embargo, lo llamativo del proceso es que las numerosas pistas por la autoría material y el financiamiento de “Los Copitos” no son parte de este juicio y quedaron apartadas en un segundo tramo de la causa que aún conserva la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti, sin avances significativos. Por eso, funcionarios y dirigentes cercanos a la expresidenta salieron al unísono a reclamar que se investigue “quién la mandó a matar”.
“Sectores muy chicos pero poderosos de la Justicia Federal entraron en pacto de impunidad para que no se sepa realmente que ocurrió. Elevaron a juicio a los autores materiales, pero hay otras vinculaciones”, aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
Una de las pistas que señalan “olvidada” es la famosa “Pista Millman”. En ese sentido Mena expresó en sus redes que “la jueza Capuchetti se negó durante cuatro meses a pedir el teléfono de Milman, mientras él sabía lo que pasaba en la investigación. Entrega dos aparatos, uno comprado posterior al hecho y otro borrado a cero. Están cometiendo un delito gravísimo que es el de ocultamiento de un magnicidio”.
En unas horas comienza uno de los juicios sobre el intento de magnicidio a @cfkargentina, el de los autores materiales. Uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática.
Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta… pic.twitter.com/8TGl9C5xdI
— Juan Martín Mena (@juanmmena) June 26, 2024
Según afirma la querella, el diputado Gerardo Milman, dirigente del riñón de Patricia Bullrich, fue quien le facilitó el perito informático que formateó su celular y los de dos de sus asesoras, en las oficinas de actual ministra.
Por su parte, Daniela Vilar apuntó a los supuestos vínculos políticos de la jueza Capuchetti: “¿Qué le pasa a la jueza que no quiere investigar? Quizás tenga que ver que haya sido designada por Macri, que tenga vínculos políticos con Ritondo, que se haya descubierto que cobra un sueldo del Ministerio de Seguridad de CABA, algo que está terminantemente prohibido”.
“¿Por qué Capuchetti sigue siendo jueza de la causa? Fue seis veces recusada por haber destruido la prueba del celular de Sabag Montiel, que se borró y rompió el celular en su juzgado”, cuestionó en la misma línea la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
🪡¿Por qué hablamos de persecución judicial, encubrimiento e impunidad en la causa del atentado a @CFKArgentina ? Pase, vea y juzgue por sí mismo: pic.twitter.com/9Of7VisyUv
— Daniela Vilar (@danyvilar) July 24, 2024
De hecho, el celular de Sabag Montiel será requisado por tercera vez el próximo 13 de agosto a las 10 de la mañana. Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación y de Gendarmería Nacional, harán un nuevo intento por desbloquear el teléfono marca Samsung.
La expectativa de la querella por obtener algún tipo de información nueva con el procedimiento es escasa. Habrá peritos oficiales y también de parte, quienes advierten, incluso, que el peritaje puede provocar daños irreparables en el celular que ya fue reseteado de fábrica en las horas posteriores al ataque, lo cual motivó una investigación paralela en otro juzgado de Comodoro Py.
La prueba nodal del caso fue destruida misteriosamente, aunque algo del contenido pudo recuperarse en los dos peritajes anteriores. El peso de los chats y fotografías del aparato de Sabag Montiel es tal que el testigo que presenció el primer intento de apertura del mismo denunció el mes pasado serias amenazas contra su vida.
“La verdad de la milanesa”
No solo los dirigentes de Unión por la Patria salieron a denunciar públicamente la deficiencia de la investigación. En los últimos días, la propia expresidenta difundió en sus redes una pieza audiovisual hecha por militantes del “campo nacional y popular” donde cuestionan la falta de investigación sobre los autores materiales del hecho ocurrido en septiembre de 2022.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Cristina Kirchner (@cristinafkirchner)
Tal como sostiene la representación legal de la ex presidenta, en el video los jóvenes de La Liga de la Justicia Social, una agrupación que nuclea integrantes de diversos espacios del “campo nacional y popular”, remarcaron el presunto vínculo de Fernando Sabag Montiel, autor material del intento de asesinato, con la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo.
Además, destacaron que la Justicia le secuestró el teléfono a Gerardo Milman pero, con sarcasmo, agregaron: “Lástima que fue cuatro meses después”. Y explicaron que durante ese lapso de tiempo una secretaria del funcionario borró el contenido de los celulares en una oficina de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
“Lo más importante de este juicio es lo que falta. Lo que sí queda claro es que el Poder Judicial está violando sistemáticamente los derechos de Cristina igual que en todos los procesos judiciales donde está acusada”, concluyeron en el video y le atribuyeron la responsabilidad a un “grupito muy chiquito de Comodoro Py” vinculado a sectores políticos “sin medir las consecuencias”.