El comunicado de los bloques legislativos de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires no deja lugar a dudas: la Argentina enfrenta una nueva ofensiva imperial. La declaración conjunta expresa un “enérgico rechazo” a las palabras del presidente norteamericano Donald Trump, quien condicionó públicamente la supuesta ayuda financiera de su país a que Javier Milei gane las elecciones. El gesto, insólito en cualquier república soberana, exhibe con crudeza la dependencia política que el actual gobierno está dispuesto a asumir.
“Estos dichos revelan la inaceptable intención de condicionar la economía y la democracia de nuestro país”, señala el texto, en referencia a la bilateral Milei–Trump. No es una frase menor: el señalamiento apunta directo al corazón de un modelo económico que, desde hace meses, muestra signos de agotamiento.
Durante 2025, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, tomaron deuda por más de 40.000 millones de dólares para sostener un esquema basado en el ajuste, la bicicleta financiera y el endeudamiento externo. A eso se suma el reciente escándalo por los audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las investigaciones sobre transferencias de dólares del narcotráfico al entorno presidencial, episodios que terminaron de hundir la credibilidad del gobierno.
Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner —señala el comunicado— sigue detenida por decisión de un “partido judicial” que actúa en defensa del poder económico concentrado y los intereses extranjeros. En ese marco, el nuevo intento de auxilio del Tesoro estadounidense se presenta como la reedición de una vieja historia: Washington como prestamista, Buenos Aires como deudora sumisa.
Trump confirmó lo que ya se sospechaba: el “acuerdo” no será con la Argentina sino con Milei. Una ayuda financiera condicionada al resultado electoral constituye una intromisión directa en los asuntos internos del país.
Pero el problema no se limita al plano económico. El pasado 26 de septiembre, Milei firmó un decreto que autoriza la presencia de personal militar estadounidense en las bases de Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia bajo la llamada Operación Tridente. No existe información pública sobre los alcances de esos ejercicios, que incluyen bases ubicadas en territorio bonaerense.
La declaración de Unión por la Patria advierte que esta entrega de soberanía “resulta inaceptable y vergonzante para cualquier ciudadano que ame esta patria”. La escena, cargada de simbolismo, recuerda que en 1810 Argentina eligió dejar de ser una colonia, pero Milei parece empeñado en retroceder más de dos siglos.
Mientras el gobierno se arrodilla ante Washington, los asesores de Trump ya operan abiertamente en Buenos Aires, reuniéndose con legisladores nacionales y marcando la hoja de ruta política del oficialismo.
El documento cierra con una definición que excede lo partidario:
“El pueblo ha tenido y siempre tendrá la última palabra en la República Argentina, y ningún presidente —sea del partido que fuere— debería permitir, avalar ni festejar la intromisión de una potencia extranjera.”
Una advertencia clara: entre la patria y la colonia, Milei eligió la colonia. Pero el pueblo argentino, una vez más, tendrá la última palabra.