Con las condiciones económicas de 2016, las familias pueden terminar destinando el 40% de sus ingresos a pagar los créditos hipotecarios en UVA. Artículo producido por el Módulo de Política Económica del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda
Claro está, el Estado se encargaba de financiar a tasas reales negativas los préstamos del programa en la medida en que se lo comprendía como parte de un círculo virtuoso en donde se estimulaba no sólo el acceso a la vivienda sino también la actividad doméstica. Los créditos Procrear garantizaban que el sector de la construcción de dinamice año tras año.
En cambio, los nuevos créditos Procrear ya no subsidian la tasa de interés y las cuotas de repago del préstamo se actualizan, al igual que los créditos a tasa variable mencionados anteriormente, según el índice UVA desde el momento inicial. Como factor adicional, las cuotas de los nuevos créditos incorporan implícitamente una tasa de interés como ganancia de la entidad prestable, la cual va del 3% a 8% anual, según en qué banco se realice tramite el préstamo.
Con todo esto, se pasó desde un esquema el Estado intervenía para asegurar la capacidad de repago de las cuotas a tasas de interés que sistemáticamente se ubicaban por debajo de la inflación local a un sistema ajustado por la inflación y que además garantiza un margen para los bancos intervinientes. A diferencia del Procrear original impulsado por la anterior administración, las entidades bancarias tienen asegurada una rentabilidad real positiva. Por otro lado, se añaden en los nuevos créditos una serie de limitaciones adicionales que dificultan la accesibilidad de los sectores de salarios más bajos.
Por todo, el riesgo principal de este nuevo modelo se deriva del distanciamiento entre el avance del nivel general de precios y los sueldos de los asalariados, además del peso intrínseco de la “pesada mochila inflacionaria” producto de la estructura temporal de los ajustes. Desde lo político, el cambio en el sistema es notorio: se produjo una mutación en la lógica de acceso a la vivienda desde un sistema que buscaba incluir a los sectores de menores recursos, a otro puramente regido por las reglas del sector privado.
El corrimiento del Estado como garante principal de la vivienda digna para los millones de argentinos que aún hoy están fuera de las posibilidades del mercado, sin dudas está lejos de ser un avance en materia de inclusión social.