Dicen las malas lenguas que el recorte en el acceso a los medicamentos para jubilados y jubiladas realizado en el mes de marzo, no bastó para que Regazzoni conservara su trabajo. No llevar a fondo las políticas de ajuste le costaron su puesto.
Y es donde hace su aparición Sergio Cassinotti, que a semanas de asumir en el PAMI, firmó la resolución 395/17 y confirmó el chisme-pasillo. Según un informe de la Fundación SOBERANIA SANITARIA (FSS), esta resolución modificó el modelo de pago a prestadores reduciendo los montos por prácticas, a tal punto que no permitirían cubrir los propios gastos que conllevan.
Desde el organismo, informaron que el cambio se realizó para simplificar los procesos de acceso a las prestaciones y la calidad de las mismas. La FSS subrayó que, cuando este tipo de reestructuración es realizada para garantizar el acceso y la calidad del servicio prestado, podemos hablar de una mejora en la eficiencia del sistema.
¿Pero que pasa cuándo no se logran sostener estos dos parámetros (calidad y acceso)?
Esta reestructuración no deja de ser más que un nuevo ajuste afectando directamente a la salud y a la calidad de vida de la población.
Pasa que, a partir de la resolución 395/17, los montos fijados se encuentran por debajo de los costos que los proveedores deben afrontar para garantizar la prestación. De este modo, la única solución posible es disminuir los prestadores disponibles y los servicios que brindan.
¿Dónde se va a ver reflejado esto?
La disminución en el acceso y de la calidad de los servicios para los afiliados de PAMI se verá reflejado en la obtención de turnos, desgaste de los pacientes y el aumento de gasto de bolsillo en el sector privado.
Esto se suma a una serie de medidas que en el último tiempo vienen perjudicando a un sector vulnerable de la población. Según el informe de FSS, el ajuste realizado en el PAMI junto con el recorte del programa REMEDIAR los pone aún más en situación de riesgo ya que no pueden acceder a los medicamentos necesarios. Es importante destacar también que, principalmente, se ve vulnerado el derecho de acceso a la salud.
Pero no todos se perjudican con esta medida. La industria farmaceútica, según el informe, sería la más beneficiada. Y otra vez la transferencia de recursos de los sectores que menos tienen hacia los que más facturan toma protagonismo, dado que se considera que las dificultades en el acceso de la población no provocará una disminución en sus ganancias.
La eliminación del programa HADOB (Prevención de la Hipertensión Arterial, la Diabetes y la Obesidad), el recorte en la cantidad de alimentos del «bolsón de alimentos» por no actualizar el monto por cápita que reciben los centros de jubilados, modificación del modelo de remuneración a los médicos de cabecera, reducción de las prestaciones de trasplante y cirugías de alta complejidad, entre otras, dan cuenta que nos encontramos frente al neoliberalismo en su máxima expresión: reducción del gasto público, un Estado ausente que no garantiza el derecho de acceso a la salud. Una salud para pocos transformándose en mercancía y sujeta a las leyes del mercado.
En el medio de todo esto, están ellos, los jubilados y jubiladas que ven como de a poco y desde el Estado vulneran sus derechos, a la salud, a una vida digna. Donde ven comprometido su acceso a los medicamentos que necesitan, a los tratamientos, a los programas que garantizaban su salud.
Un gobierno neoliberal convirtiendo a sus ciudadanos en meros consumidores, quitándoles su condición de sujetos de derecho.
Fuente: FUNDACION SOBERANIA SANITARIA www.soberaniasanitaria.org.ar