El viernes 29 de septiembre, se realizaron diferentes marchas en todo el país, para denunciar y exigir que se terminen las situaciones que vulneran los derechos: a la salud sexual y reproductiva, la no implementación de la ley de ESI, a la negación de vivir libres de estigmatización y violencia machista y, por último, que se termine el abuso de poder de las instituciones a la que nos vemos sometidas las mujeres, lesbianas, travestis y trans.
La penalización y la situación actual de ilegalidad del aborto trae aparejado diferentes problemáticas graves en lo que refiere a salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género.
El Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto fue propuesto el 28 de septiembre de 1990 por diferentes grupos de activistas feministas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, San Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Es una fecha que marca la lucha por el reclamo de la libertad de nuestros cuerpos territorios; fue en 1871, en Brasil, cuando se promulgó la ley de “Libertad de Vientre” por el que se otorgó la libertad de los hijos e hijas de esclavas.
Se calcula que en Argentina más de quinientas mil mujeres se practican abortos clandestinos. Esto demuestra que la penalización no impide que se realicen, si no por el contrario, por la falta de recursos económicos, provocan que dichas prácticas se tornen peligrosas para la salud de las mujeres.
Los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en nuestro país. Desde la recuperación de la democracia han muerto más de tres mil mujeres, en su mayoría jóvenes y de bajos recursos, como consecuencia de la práctica ilegal. Esto muestra la grave situación que atraviesa la salud pública debido a la omisión de responsabilidades institucionales en una sociedad donde el acceso al aborto muestra una gran desigualdad estructural.
En el mes de junio del 2015, durante la presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner, el Ministerio de Salud de Nación publicó en su página web un nuevo “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”.
El protocolo incluye, como dispositivos territoriales, las conserjerías de salud sexual y reproductiva, las cuales resultan útiles para la difusión de información desde la perspectiva de la salud en el marco de la atención personalizada. Tienen como fin no sólo brindar información, sino que actúan como herramienta de empoderamiento para la toma autónoma de decisiones sobre el cuerpo y la sexualidad, vinculando a quienes se acerquen con el sistema de salud.
Despenalizar y legalizar el aborto, permite visibilizar las problemáticas que surgen frente a un embarazo no deseado y las diferentes maneras de enfrentarlo.
¿Qué es lo que se exige?
- Efectiva aplicación en todas las jurisdicciones del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo para mujeres y niñas en los casos en que peligra su vida y su salud o ante situaciones de violación, que el artículo 86 inc 1 y 2 del código penal ya exime de pena.
- Aplicación efectiva en todo el país de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral y acceso efectivo a métodos anticonceptivos gratuitos en todo el territorio nacional en cumplimiento de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.
- Debate y aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y presentado el 30 de junio de 2016 (por sexta vez consecutiva) en la Cámara de Diputados de la Nación.
Durante la movilización llevada a cabo el viernes, las mujeres se expresaron en pos de la decisión autonoma sobre sus cuerpos y alguna de las consignas que se destacaron en la jornada fueron: «#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal», «Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto Legal para no morir» y «#NiMuertasNiPresas, ¡vivas y libres nos queremos!»