A más de dos semanas del asesinato de Rafael Nahuel en la brutal represión del grupo Albatros de Prefectura al Lof Lafken Winkul Mapu, los últimos avances de la causa que investiga el hecho en el cual se produjo el disparo que acabó con su vida comienzan a derrumbar la versión del Gobierno Nacional y a ratificar la de los testigos del suceso: como es el caso de Lautaro González y Fausto Jones Huala, que se entregaron para llevar el cuerpo malherido de Nahuel de la montaña a la ruta.
La inspección ocular efectuada por juez Gustavo Villanueva tuvo una comitiva que contó con la presencia de un centenar de efectivos de la Policía Federal, el grupo GEOF y miembros de la Policía científica, la fiscal Little, abogadas de la querella Araya y Wallace, y familiares de Rafael.
Durante el procedimiento no se encontró ninguno de los aspectos señalados por el Ministerio de Seguridad en su informe oficial en el cual busca instalar la idea de “un ataque con armas de grueso calibre” contra las fuerzas de seguridad por parte de “un grupo que está fuera de la ley que intenta constituirse en poder fáctico y tomar un territorio”
El peritaje oficial en el lugar del hecho no halló vestigios de la decena de barricadas que se señalan en dicho informe a 400 metros de la ruta. Además, tampoco se encontró rastro sobre el supuesto uso de armas de los mapuches, ya que todas las postas de goma y vainas pertenecían a las utilizadas por las fuerzas de seguridad. Según el abogado de los testigos Matías Scharaer, quien también participó como testigo de parte en el procedimiento.
Lo que sí se encontró fue un buzo negro de polar ensangrentado que pudo ser de Rafael o se usó para detener su sangre tras recibir el disparo mortal. Por último, se dio con una importante cantidad de vainas servidas sobre el sector derecho del sendero, siendo por la derecha el lado en que las armas utilizadas por el grupo Albatros descargan el cartucho vacío.
Esto se suma al resultado del dermotest negativo a la presencia de pólvora en las manos de Rafael, y de la autopsia realizada por el cuerpo forense de la Policía de Río Negro, que determinó que su muerte se produjo por un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros -compatibles con los proyectiles utilizados por Prefectura Naval-, con ingreso por el glúteo y trayectoria ascendente, lo cual se asemeja más a la versión de la persecución brindada por los testigos que del presunto enfrentamiento señalado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En este sentido, la palabra oficial del Ministerio de Seguridad, avalada públicamente por el presidente Mauricio Macri y apuntalada por las grandes empresas de medios, tiene menos coincidencias con la cacería que se llevó la vida de Rafael el pasado 25 de noviembre que con el accionar del propio gobierno ante hechos similares. En este caso se vuelve a emplear un relato insostenible para apañar el ataque de prefectura y se repite la intención de constituir a la comunidad mapuche y a la organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) como interlocutores de un mensaje que busca sacar a relucir la cara represiva de las fuerzas de seguridad del Estado, con incondicional e indubitable apoyo gubernamental, ante la falaz amenaza de un enemigo interno.
Hasta el momento son veintiuno los prefectos que son investigados en la causa que investiga una “muerte por causa dudosa”, mientras restan realizarse las pericias a las armas secuestradas a Albatros y a las vainas servidas halladas en la inspección, a fin de determinar qué armas se dispararon y cuál de ellas realizó el tiro mortal.
Por su parte, la defensa de Rafael Nahuel aguarda que con los elementos actuales se cite a declarar a quienes efectuaron la represión, y pidió el cambio de la caratula a la de “homicidio calificado a manos de la fuerza”, sosteniendo esta solicitud en el resultado de la autopsia que lo pone en situación de escape, del dermotest que demostró que estaba indefenso y de la inspección ocular en el lugar del crimen.