Derechos Humanos: La doble cara del Gobierno Nacional
El contexto de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sirvió como vidriera multilateral para que el Gobierno Nacional intente mostrar un presunto compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, que no se corresponde con los hechos que describen su accionar en la temática.
En el mediodía del martes 12 de diciembre, el presidente Mauricio Macri presentó el denominado “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020”, en el Museo Casa Rosada. La iniciativa hace un repaso de un total de 243 acciones que pretenden ser transversales a todo el gabinete de gobierno, sin que organismos de derechos humanos hayan sido parte de su elaboración.
Si bien el presidente sostuvo que el plan “nació del respeto a los derechos humanos”, se debe remarcar que esto ocurre en un contexto en el cual las fuerzas de seguridad del Estado están vinculadas en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en un operativo ilegal de Gendarmería, en el fusilamiento por la espalda contra Rafael Nahuel efectuado por las balas de Prefectura, y en una catarata de prisiones preventivas contra dirigentes opositores avalada por los intérpretes del relato oficial de Cambiemos.
En lo especifico, el plan gubernamental expone serias contradicciones entre lo que dice y lo que hace: en el primero de los ejes propone la creación de un cuerpo de abogados y abogadas contra la violencia de género. En contraste, el gobierno recorta para el presupuesto 2018 los fondos destinados a la lucha contra este flagelo de $163,5 a $161,5 millones de pesos -considerando que, para no perder fondos según el cálculo inflacionario oficial de 15,7%, deberían destinarse al menos $191,3 millones-.
En otro de los ejes el gobierno se compromete a “brindar asistencia a víctimas de violencia institucional”, analizar neurológicamente “la conducta del personal policial”, crear materiales de concientización y actualizar datos estadísticos de violencia institucional. Viniendo de parte un gobierno que, según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) registra una muerte por día causada por el aparato represivo del Estado, la modalidad propuesta resulta ser muy poco ambiciosa.
Ninguna de las acciones autoimpuestas por el gobierno problematiza la situación de vulnerabilidad ante la justicia en los establecimientos penitenciarios. Según datos del CELS, solo en la Provincia de Buenos Aires hay 23042 personas encarceladas con prisión preventiva sin condena firme, indicador que se dispara al hacer el cálculo a nivel federal. La meta que se propone el gobierno en este aspecto es crear 11000 plazas nuevas en establecimientos penitenciarios federales, sin garantizar condiciones de equidad de acceso a la justicia.
El plan de acción promete brindar apoyo a la continuidad de los juicios de lesa humanidad, pero en dos años de gestión Cambiemos ha retrasado esa continuidad retirando la querella del Estado que impulsaba varias causas contra represores, sin olvidar que se redujo el presupuesto para programas de protección de derechos humanos, muchos de los cuales fueron discontinuados, y hasta se intentó poner en duda la cifra de desaparecidos.
Para finalizar la puesta en escena, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj quiso enmarcar esta presentación como punto culminante de “una semana emblemática” en materia de Derechos Humanos, atribuyéndose la restitución de la nieta 126 y la sentencia por la megacausa ESMA, pero sin mencionar que en el mismo lapso fue beneficiado con la excarcelación el obstetra Jorge Luis Magnacco, quien asistió en el nacimiento de muchos bebés apropiados durante la Dictadura Cívico-Militar – hecho que no ha provocado el repudio de ningún funcionario del área.
Quizás lo más paradójico es que hace 700 días el Gobierno Nacional -y en lo particular el Gobierno de Jujuy- tiene en Milagro Sala una presa política, por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos de reputación incuestionable en la materia exigen su inmediata liberación, pero la decisión del macrismo de no escuchar este reclamo da un cabal testimonio de su real política de derechos humanos.