El pasado sábado, un oficial de la Policía Bonaerense que estaba de civil, persiguió y disparó a un automóvil por la calle Pino (Wilde) en el cual se trasladaba un grupo de empleados de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), creyendo que se trataba de delincuentes.
Los trabajadores de la empresa estaban yendo a encontrarse con otros compañeros para jugar un partido de futbol. Todo ocurrió con una denuncia de una vecina de la localidad, que dijo haber sido víctima del robo de su teléfono celular por sujetos que se movilizaban en un auto gris, similar al de los trabajadores que terminaron siendo perseguidos a los tiros por la calle.
Tras recibir los impactos de bala en en el vehículo, que milagrosamente no provocaron heridos, los trabajadores descendieron del auto filmando toda la situación. Una vez que notaron que se había tratado de un error, los ocupantes del vehículo violentado grabaron todo el operativo y luego realizaron la denuncia en la Comisaría 4ta de Avellaneda.
Los agentes involucrados en el hecho fueron desafectados de la fuerza, lo cual entra en contradicción con la palabra del Gobierno de darle vía libre a las fuerzas de seguridad para que hagan prácticamente lo que quieran, y con la política de construir –desde la demagogia punitivista- una policía de la mano dura, lejos de estándares democráticos.
Este accionar fue avalado y ratificado en reiteradas ocasiones por funcionarios del Gobierno Nacional, como la ministra Patricia Bullrich o el presidente Mauricio Macri, trasformados en padrinos y madrinas del ejercicio de la violencia institucional como practica de guerra para “combatir” la inseguridad. En los hechos solo han logrado multiplicar, y convertir a todo ciudadano o ciudadana en rehenes y potenciales víctimas de una bala perdida, ejecutada en nombre de la ley y de la voz de alto.
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