Santiago Andrés Maldonado fue visto por ultima vez el 1 de agosto de 2017 cuando acompañaba el reclamo de la comunidad Pu Lof en Cushamen (Chubut). Quienes estaban ahí reclamaban por las tierras ancestrales de la comunidad mapuche que están bajo la propiedad del grupo Benetton.
En esa misma jornada, Gendarmería Nacional aplicó un plan de represión diseñado días atrás por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y su jefe de Gabinete Pablo Noceti. El objetivo de este accionar era despejar la ruta pero se convirtió rápidamente en una cacería y persecución. Desde entonces no se supo más de Santiago.
El caso no fue indiferente a la opinión pública. Mientras hubo una porción de personas que se dedicaron a desacreditar y a hostigar a la familia Maldonado, como producto de las operaciones de las empresas de comunicación afines al gobierno, también se realizaron movilizaciones multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires – algunas de ellas reprimidas salvajemente -. Además, en Mar del Plata, Bahía Blanca, El Bolsón, General Madariaga, Mendoza, Malargüe, Rawson, Viedma, Gualeguaychú y Rosario, y en ciudades como Bogotá (Colombia), Asunción (Paraguay), Montevideo, Canelones y Fray Bentos (Uruguay) y otras lugares de América latina, se llevaron adelante distintas manifestaciones para exigir su aparición..
A medida que avanzaron los días sin saber de Santiago, los organismos de derechos humanos de nuestro país y organismos internacionales se unieron en el reclamo por su aparición con vida. Nuestro país ocupó un espacio importante en la prensa de mayor relevancia a nivel internacional por el triste episodio de una nueva desaparición forzada.
La causa quedó a cargo del juez Guido Otranto, quien dio notorias muestras de falta de voluntad para llevar adelante la investigación. Hubo rastrillajes infructiferos y parcialidad a favor de la versión de las autoridades del Ministerio de Seguridad y el Gobierno Nacional. El juez se mostró permeable y abierto a presiones, y con falta de idoneidad para llevar adelante la investigación, dado que declaró al diario “La Nación” que para el “Santiago se había ahogado”. Todos estos aspectos fueron llevados por la familia Maldonado y, a partir de dos pedidos de recusación del CELS, se logró la remoción de Otranto el 22 de septiembre de 2017.
Debieron pasar 77 días de búsqueda, conspiraciones, declaraciones desafortunadas de responsables políticos y un cambio de juez para hallar el cuerpo sin vida de Santiago. Apareció en un lugar que ya había sido restrillado, en el Río Chubut 70 metros río arriba, muy cerca de donde había sido denunciada su desaparición. Se habían realizado ocho rastrillajes en ese lugar, pero casi todo río abajo, y sólo uno – un mes antes – en la zona que finalmente fue encontrado Santiago. El cuerpo que se encontró tenia su ropa y su documento.
El cuerpo fue trasladado a Buenos Aires y el 20 de octubre se corroboró su identidad: era Santiago. Lo que vino inmediatamente después fue una manifestación de honda consternación, conmoción y dolor de todas las personas que espontáneamente fueron acercándose al edificio de la Morgue Judicial, en la Ciudad de Buenos Aires, para brindar sus muestras de acompañamiento a la familia, reclamar por justicia y para aguardar los resultados de la autopsia llevada adelante por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En palabras del juez Llera, se tendrían los resultados de la autopsia “al menos en dos semanas”.
El 24 de noviembre de 2017, según las conclusiones a las que habían llegado los 28 peritos – y no 55 peritos, Llegar dirigió a la prensa manifestar: «Santiago Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del Río Chubut coadyuvado por hipotermia». Por unanimidad se estableció que permaneció siempre abajo del agua y no en otro medio, y que «no hubo arrastre, ni sujeción o algo que permitiese concluir que el cuerpo no fue movido, además de ratificar que no había presencia de golpes o lesiones, ni marcas de haber estado atado o haber sido arrastrado».
La familia Maldonado siempre se encargó de remarcar y destacar que ninguna de las resoluciones periciales daba cuenta del cómo, el cuándo y el dónde se produjo la muerte de Santiago. Además, se recordó que las autoridades políticas y judiciales entorpecieron la causa incesantemente, que la desaparición forzada seguida de muerte se produjo tras una brutal represión que tuvo el aval del Gobierno Nacional, y que era necesario contar con un equipo de investigación independiente para dar con la verdad.
En los últimos días, el perito criminalístico independiente Enrique Prueger destacó que del resultado de la autopsia se desprenden errores groseros y omisiones notorias del informe preliminar que finalmente fue entregado al juez a cargo. El especialista sostuvo en un informe que el polen y las temperaturas del agua ponen en duda las conclusiones de la autopsia. Asimismo, la bióloga Leticia Pavilauskas firmó un informe en nombre de la Universidad Nacional de la Plata junto a la división Química Legal La Plata, Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires que analizó las muestras terreas de la ropa y los borceguíes de Santiago, ya que en dichas prendas se hallaron granos de polen de tres especies de la Patagonia. Por las condiciones en las que se hallaron estos granos “no pudieron permanecer adheridos a las prendas sumergidas en el lugar del hecho descripto por un período de tiempo prolongado, teniendo en cuenta la mínima velocidad que pueda tener la corriente del río”. La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, pidió que Prueger sea citado a declarar.
Durante este año se realizó una bochornosa utilización política del caso por parte del gobierno nacional. Patricia Bullrich avaló el accionar cuasi-criminal de Gendarmería, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña intento de desligar responsabilidades del Estado, el propio Mauricio Macri justificó el accionar de las fuerzas represivas como brazo armado del plan de ajuste y el subalferez Echazu – único imputado en la causa – arrojó que «si Santiago no escapaba hoy estaría vivo».
Hasta la diputada Elisa Carrió, electa por la mitad de la ciudadanía porteña, poco después de la aparición del cuerpo de Santiago se despachó con una lista de barbaridades difíciles de describir. Sin embargo, y pese a las presiones del Poder Ejecutivo, el juez Lleral rechazó en dos ocasiones el cambio de caratula a “muerte dudosa”, y aún se investiga una “desaparición forzada de personas seguida de muerte”.
Hoy, familiares de Santiago junto a organismos de derechos humanos, volverán a reclamar verdad y justicia por Santiago, y dejarán en claro una vez más que el Estado es responsable de su muerte. Una muerte de un luchador solidario y comprometido con las causas justas, que va a ser recordado por siempre en la memoria de los pueblos que no están dispuestos de repetir su historia.