En el año 2017 se contabilizaron 5328 denuncias hechas por 1408 víctimas de violaciones a los derechos humanos (de los cuales 7 de cada 10 tienen menos de 35 años) en el Sistema Penitenciario Federal y en unidades penales bonaerenses. Los escalofriantes números son arrojados por el informe anual del Registro Nacional de casos de torturas y/o malos tratos, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria Federal y el grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires): «Las cifras son alarmantes: el sistema de encierro atraviesa una crisis humanitaria que no para de profundizarse, y ocurre ante la inacción, pasividad o complicidad de los tres poderes del Estado» sostiene el informe.
Desde la implementación del Registro en 2010, se definieron once tipos de torturas y/o malos tratos que trasciende las agresiones físicas e incluye la dimensión psicológica (amenazas, aislamiento, impedimentos de vinculación familiar y traslados gravosos y constantes), las condiciones estructurales (malas condiciones de detención, robo o daño de pertenencias), el régimen de vida (falta o deficiente alimentación y asistencia de salud) y las lógicas de disciplinamiento con que las instituciones del Estado gestionan los lugares de encierro y los territorios.
Del total de casos relevados por el informe, más de la mitad (2818 hechos denunciados contra 589 victimas) corresponden solo a las cárceles bonaerenses, de los cuales más de un 75% de las víctimas denunciaron falta o deficiente asistencia de salud. Por su parte, las cárceles federales concentran un total de 2510 casos de torturas y violaciones a los derechos humanos sobre 819 personas en situación de encierro.
Desde 2015, se agregó un registro de malos tratos y/o torturas policiales, que releva estos hechos durante la detención, traslado y alojamiento en comisarías y otras dependencias de las fuerzas de seguridad: en 2017 se registraron 971 casos de malos tratos y torturas ejercidos contra 218 víctimas, de los cuales una vez más la Provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad (540 casos sobre 115 victimas). Agresiones físicas y malas condiciones materiales de detención son los principales hechos denunciados.
En su visita en el pasado mes de abril, el relator especial sobre tortura de la organización de Naciones Unidas Nils Melzer dio cuenta no solo de los casos de tortura sino también de la superpoblación carcelaria: «El país ha recorrido un largo camino desde el oscuro período de la dictadura militar. Sin embargo, tengo la impresión de que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad», y recomendó al Estado “tomar medidas urgentes para evitar que Argentina regrese a un círculo vicioso, con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia y el abuso».
El informe expone una expansión de políticas punitivistas en ejecución a partir del año 2013, y agudizadas en la gestión de gobierno de Cambiemos tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires que derivan en un aumento exponencial de las plazas en unidades penales: en el último año la población en situación de encierro del Servicio Penitenciario Federal aumento un 8,53% y la del Servicio Penitenciario Bonaerense un 11,62%.
Como producto de esta sobre población carcelaria se disparan todas las formas de violaciones a los derechos humanos que el sistema penitenciario reproduce de forma sistemática, y que son objeto de análisis del registro: tal como se detalla en esta nota https://elnumeral.com/2018/07/20/carceles-torturas-y-hacinamiento/ de las 12084 personas recluidas en unidades penales federales, casi el 60% no tiene condena firme, lo que hace que se reduzcan los espacios de detención y se deteriore la calidad de vida en instituciones que si bien tienen el objeto de regenerar y re insertar en la sociedad a quien comete algún delito, lo único que logran es amplificar la violencia y el resentimiento.
El informe se puede ver acá