En la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se instó a «autoridades ejecutivas y legislativas» a establecer una reglamentación para «compensar las desigualdades ilegítimas» con el fin de revertir la discriminación.
A través de un recurso de amparo, Érica Borda realizó una demanda a tres empresas. La Defensoría General de la Nación brindó patrocinio jurídico, tanto individual como de acción colectiva, para ponerle fin a la «discriminación estructural en el acceso al empleo por motivos de género».
En un comunicado, la DGN planteó que también se demandó al Ministerio de Producción y Trabajo en su calidad de autoridad de aplicación. Se exige que adopte medidas para terminar con las «prácticas que afectan a las mujeres en el acceso al trabajo».
Al momento de considerar la exclusión de las mujeres, la jueza Graciela González escribió: «La obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero también sobre los particulares».
También dispuso que el Ministerio de Trabajo tenga en cuenta la sentencia al momento de «renegociar» el convenio colectivo de trabajo, a fin de actualizar su contenido a las «pautas culturales actuales».
Agencia Télam