Fue en las últimas horas, luego de un largo debate. La justicia española pronunció uno de los fallos con mayor repercusión en los últimos tiempos al autorizar al gobierno español para que continúe con el proceso de exhumación del dictador Francisco Franco cuyos restos se encuentran alojados en el monumento del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid.
Más de 650.000 personas fueron víctimas de la sangrienta dictadura que se perpetuó durante más de 40 años y que tuvo al general español como máxima figura.
España escribió entre 1939 y 1975, las páginas más oscuras de su historia.
En agosto pasado, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó la exhumación y resolvió que la decisión del destino de los mismos recaiga en sus familiares a pesar de que los mismos se oponen al traslado del cuerpo.
Sin embargo, ante la elección de la catedral madrileña de La Almudena como el lugar para alojar la tumba, las autoridades españolas se opusieron considerando que el dictador no debe ser enterrado en un lugar que se preste al enaltecimiento o a la exaltación del público.
Desde su muerte en 1975 y su alojamiento en la basílica de los Caídos, la tumba de Franco ha sido sede múltiples controversias y batallas legales. Más de 38.000 personas por mes concurren a visitar su mausoleo y el de José Antonio Primo de Rivera, militar español y fundador de la Falange, quien se encuentra enterrado a escasos metros.
El Poder Ejecutivo determinó que la exhumación se llevará a cabo entre los meses de enero y febrero de 2019.
Llegó el momento en que España comience a comprender que para fortalecer la democracia, es necesario analizar los hechos del pasado y actuar sobre sus consecuencias.
