Estados como Georgia, Misisipi y Kentucky entre otros vienen trabajando y aprobando leyes contra el aborto con el objetivo de crear la presión necesaria para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revierta la sentencia conocida históricamente como «Roe versus Wade» que en 1973 declaró el aborto como un derecho constitucional protegido por la enmienda número 14 de la Carta Magna.
Esta ley es un nuevo ejemplo de la profunda restricción respecto de los derechos reproductivos de la mujer que avanza por los estados que cuentan con mayoría republicana. A esto se le suma el apoyo de la Casa Blanca a los grupos antiaborto.
La nueva legislación prohibe la interrupción del embarazo en cualquiera de las etapas de gestación, incluso en casos de violación o incesto y penaliza con hasta 99 años de cárcel al médico que lo lleve a cabo. Solo permitirá la interrupción en caso de que corra riesgo la vida de la gestante.
El intento de prohibición del derecho al aborto viene creciendo desde hace varios años, pero fue la llegada al poder de Donald Trump y el nombramiento de jueces conservadores, lo que le dio a los sectores antiaborto el puntapié para comenzar la batalla legal contra este derecho y llevar la cuestión a la instancia del Tribunal Supremo, lo que podría devenir en que el país declare la prohibición del mismo.
Estados Unidos da un fuerte retroceso en un mundo en donde cada vez más países buscan llevar adelante legislaciones que permitan realizar interrupciones voluntarias del embarazo y ampliar los derechos de las mujeres. Esto demuestra una vez más, que su visión de las cosas deja mucho que desear.