El diputado Carlos Iafigliola impulsó el pre referendum tras mostrarse opositor a la ley desde el momento de su sanción. Calificó a la ley como «peligrosa, injusta e inconstitucional». Desde entonces, generó varias acciones para derogarla y, en las últimas semanas, logró juntar más de 65.000 firmas que representan al equivalente del 2% de la población habilitada para votar.
La red de iglesias neopentecostales se estableció a lo largo de todo el país con una fuerte influencia en la campaña «Todos somos iguales» llevada a cabo por Iafigliola y el pastor evangélico y legislador Álvaro Dastugue. El fin es derogar la ley.
La ley, producto de la lucha del colectivo trans, establece medidas que buscan terminar con la discriminación y garantizar derechos. Entre otras cuestiones, determina que el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad dejará de ser un trámite judicial para ser uno administrativo, más sencillo y rápido. Además señala que en los concursos públicos deben reservar un 1% para personas trans y prever cupos del 2% en instituciones que contemplen becas. A su vez, se establece una pensión reparatoria para las personas que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 que sufrieron torturas, persecuciones, violencia institucional, o violaciones por parte de agentes de Estado debido a su identidad de género.
Otra de las resoluciones de la ley determina el acceso a los tratamientos hormonales sin autorización administrativa o judicial y sin acreditar la voluntad de someterse a una cirugía de reasignación.
El punto de quiebre de la ley fue el que determina que los menores de edad podrán acceder a tratamientos hormonales integrales y a toda prestación de salud. En el caso de las intervenciones quirúrgicas genitales deberán contar con la autorización de sus representantes legales (madre/padre/tutor). Las personas mayores de 18 años podrán acceder a los servicios de salud necesarios así como también a los tratamientos hormonales integrales y las intervenciones quirúrgicas parciales o totales.
Para lograr el referendum, deberán conseguir 650.000 votos a favor. Lo particular de esta consulta es que dispondrá de una boleta única que contiene el texto «Interpongo el recurso de referéndum contra la Ley Nº 19684 del 26 de octubre de 2018 (Ley Integral para Personas Trans)». En esta ocasión, sólo votarían quienes se encuentren a favor de realizar la consulta popular.
En caso de aprobarse, el referéndum se celebraría de forma posterior a las elecciones presidenciales que serán el próximo 27 de octubre en primera vuelta y el 24 de noviembre en un eventual ballotage (segunda vuelta).