El Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó con las excavaciones y exhumaciones en las fosas comunes de la zona donde ocurrió la Masacre de Napalpí, provincia del Chaco.
El fiscal federal Diego Vigay -integrante de la Unidad Fiscal Penal en Derechos Humanos- indicó que la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó la medida en el marco del juicio por la verdad. Buscan esclarecer la masacre del 19 de julio de 1924.
La Unidad Fiscal investiga el asesinato de 700 hombres, mujeres y niños pertenecientes a las etnias qom y moqoit. La fiscalía considera al caso como crimen de lesa humanidad.
Las excavaciones se realizan a 148 kilómetros al noroeste de Resistencia. En el Lote 39 de Colonia Aborigen, al costado de la ruta nacional número 16, se buscarán fosas comunes.
Por jurisdicción, el responsable es el juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Miguel Aranda. Con la colaboración de la Municipalidad de Machagai, según informó Vigay.
Se encuentran señalizados cuatro lugares donde podrían encontrarse fosas comunes. Por ello, la tarea antropológica podría requerir de mas de una etapa, de acuerdo a la tarea y al clima.
La Fiscalía Federal lleva adelante la investigación sobre los hechos históricos conocidos como la Masacre de Napalpí. Aseguró que «el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional».
Es necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos.
Buscan conocer a «los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución». El objetivo es «conocer públicamente el contenido integral de esta historia de horror y reconocer socialmente a las víctimas».
La historia
El hecho ocurrió durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Se cree que la policía chaqueña y grupos estancieros fueron los autores intelectuales de la matanza de 700 integrantes de comunidades originarias del noreste de nuestro país.
Faltaban 27 años para la provincialización de Chaco, y el radical Fernando Centeno era el gobernador puesto a dedo por el presidente.
Centeno se encargó de desplazar a cuanto funcionario judicial osara investigar los hechos. Recién en 2008 la provincia hizo un pedido publico y formal de disculpas, y comenzó una investigación por la verdad.