La causa se inició en mayo de 2016. Martín Doñate y Rodolfo Tailhade acusaron a Juan José Aranguren por enriquecimiento ilícito e incompatibilidad de intereses. Por entonces, cumplía un doble rol: era funcionario público y accionista de Shell.
Por su parte, Laura Alonso, titular de la oficina Anticorrupción, quedó vinculada por efectuar consideraciones que escaparon a la legalidad.
En el fallo, se lo acusa a Aranguren, como Ministro de Energía y Minería, de interesarse en que «Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados». Por ello, demoró «controles que le correspondían en razón a su cargo (…) determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación.»
Uno de los denunciantes afirma que desde la “Oficina Anticorrupción a cargo de la Sra. Laura Alonso se ha aseverado que no hay ninguna disposición de la Justicia para que esté obligado a vender esa mínima participación accionaria.» Frente a este caso, la Oficina comenzó una investigación por conflicto de intereses pero no por enriquecimiento ilícito.
Además, sostienen que «Alonso reconoce que Aranguren delegó la función que tuviera encomendada en CAMMESA a un funcionario directo suyo”. Continuó: «en nada le llamara la atención a la imputada y que vilmente pretendiera naturalizar como legal».
Laura Alonso, para eludir responsabilidades, realizó una serie de recomendaciones que no pueden explicarse en un marco de legalidad. Advierten que, «presupone que únicamente resulta ser la actuación directa (esto es, con la firma) la que podría generar algún tipo de irregularidad en el obrar del Sr. Ministro”.