Las consecuencias del programa económico del gobierno por la alianza Cambiemos han significado para la Argentina un deterioro de todos los indicadores económicos y sociales. A la crisis existente se le añadió la irrupción de la pandemia del coronavirus. En aras de ordenar las cuentas fiscales en un contexto de negociación de la deuda y con un criterio distributivo, atendiendo que los sectores de menores ingresos son quienes primero se resienten por estos fenómenos, se abrió la posibilidad de efectuar, por única vez, un impuesto a la riqueza.
Como muestra el gráfico lo recaudado por el aporte especial a las grandes fortunas equivaldría a 5622 hospitales modulares, a 20.8 millones destinados al ingreso familiar por emergencia y a 12.3 millones de jubilaciones por mes.
La presión tributaria argentina (del total de impuestos) se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE.
Si bien la alternativa de un impuesto a la riqueza que grave solamente una pequeña porción de la población incluso muy menor a la que ya tributa por bienes personales parece una decisión socialmente justa no está exenta de críticas. En primer lugar, suele instalarse que la Argentina cuenta con una carga tributaria general excesivamente alta, pese a que las estadísticas internacionales no van en línea con dicha afirmación.
A partir de la crisis global económica y sanitaria del coronavirus, con el aumento exponencial de los gastos fiscales de los distintos gobiernos mientras caen a la par las economías y las recaudaciones, comenzaron a surgir, en varios países del mundo, planteos sobre impuestos, contribuciones excepcionales o aportes “patrióticos” que recaigan sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonios.
En nuestro país, hace más de dos meses que también se viene planteando la necesidad de gravar los patrimonios más altos. Por un lado, producto del enorme gasto público que viene realizando el gobierno en distintos programas para combatir la emergencia económica y sanitaria (ATP, IFE, créditos blandos, hospitales de emergencia, respiradores, compras sanitarias y obra pública, entre lo troncal). Y por el otro, por la caída de la recaudación producto del avance de la recesión económica por la pandemia. El Estado proyecta gastar, hasta el corriente mes, el equivalente a cerca del 10% del PBI entre políticas de expansión financieras, fiscales y gastos corrientes, incrementadas enormemente desde marzo.
La estructura impositiva argentina en el período 2016-2019 se volvió más regresiva. Los clasificados como más regresivos (por ejemplo, el IVA) aumentaron su participación en el total recaudado en 4 puntos porcentuales (p.p.). Por otro lado, los impuestos muy progresivos redujeron su participación en 2 p.p., mientras que, por su parte, los progresivos descendieron 1 punto porcentual.
Para leer el informe completo ingresá aquí.
Fuente: Observatorio de Políticas Públicas UNDAV