La propuesta final busca una quita del 40% sobre los intereses, a diferencia del 64% planteado en la primera oferta. Además paga un 2,3% extra de capital debido a los incumplimientos realizados durante el proceso de negociación, contrario al recorte del 5,6% planteado inicialmente. Esto representa un recorte total de 34.721 millones de dólares y una mejora para los acreedores privados de 7.860 millones de dólares respecto a la primera oferta presentada.
Si observamos la composición actual del stock de deuda pública por tipo de instrumento, se observa que el 62% es en títulos públicos (de la cual una gran proporción está en manos de los bonistas privados con los que el gobierno está negociando). Seguido del 21% en préstamos de organismos internacionales (en su gran mayoría el FMI), 8% en letras del tesoro y 5% en adelantos transitorios. Mientras que el 4% restante lo componen instrumentos de organismos oficiales, banca y avales y deuda pendiente de reestructuración.
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En 2019 el stock de deuda pública bruta total cerró en 323.064 millones de dólares, con un ratio deuda/PBI del 89,4%, debido a las sucesivas devaluaciones del periodo (pues el encarecimiento del dólar aumentó el peso de las deudas denominadas en dicha moneda) y a la caída del PBI producto de la crisis económica desde 2018. Actualmente, el stock de deuda pública total bruta en el mes de mayo se encuentra en 324.781, representando 92,9% del PBI actual.
La nueva oferta de reestructuración de bonos del gobierno implica 21 bonos, de los cuales 17 fueron emitidos por la administración anterior en 2016, mientras que los restantes son parte de la reestructuración de la deuda externa del 2005 y 2010. El stock total a reestructurar implica 66.316 millones de dólares, de los cuales 41.548 millones corresponden a los bonos lanzados por el último gobierno.
El 43,7% de la deuda total bruta se encuentra actualmente en legislación extranjera, mientras que el 56,3% en legislación argentina. Por el contrario, en 2015, la deuda en legislación extranjera representaba el 24,5% del total y la de legislación nacional, 75,5%.
Con el canje final propuesto, Argentina reduce su costo de financiamiento en casi 3 puntos promedio, por lo cual ahorra pagos de deuda externa por U$S 37.600 millones hasta 2028.
Si bien algunos grupos de acreedores ya han dado el visto bueno para llegar a un acuerdo, desde el gabinete económico continúan siendo cautos y ya adelantaron que los sectores más duros y reacios durante el proceso de negociación, liderados por el grupo BlackRock, no van a aceptar la propuesta. Sin embargo, en los últimos días, se ha abierto nuevamente el canal de comunicación con los mismos. Los bonos y acciones argentinos continúan con la tendencia positiva de los últimos meses, guiados por las expectativas positivas de un potencial acuerdo en el proceso de reestructuración de deuda, y al acercamiento que se observa entre las partes.
Una muestra de entendimiento durante la negociación desde el 22 de mayo es que ningún grupo de bonistas ejecutó la cláusula de default para ir a litigar a los tribunales de Nueva York luego del incumplimiento del pago estipulado durante todo el proceso, además del fuerte crecimiento de los bonos en dólares durante más de un mes y la reducción constante del riesgo país luego del pico máximo de mitad de abril. La baja del riesgo país en el último bimestre tiene su causa en una mejora generalizada de los bonos argentinos que subieron por las especulaciones realizadas por el mercado en torno a un posible acuerdo del gobierno nacional con los acreedores. El 4 de mayo se encontraba en 3.614 puntos básicos, mientras que al 10 de julio pasó a 2.337 puntos básicos.
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Fuente: Observatorio de Políticas Públicas UNDAV