La jornada de hoy tiene prevista la participación de 20 expositores, tanto a favor como en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La discusión sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo se desarrolla en el marco del plenario de las comisiones de Banca de la Mujeres, Justicia, Asuntos Penales y Salud.
El lunes abrieron una consulta abierta en la que expusieron y respondieron preguntas los ministros de Salud, Ginés González García; la de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Durante el día de hoy, los expositores contarán con siete minutos. Cada cinco, se realiza una rolda de preguntas que podrán responderse en un tiempo de tres minutos.
Primera parte
El primero en exponer fue Pablo Garat, decano de la UCA. En contra del proyecto de ley, indicó: «este proyecto tiene que superar el test de constitucionalidad y el de convencionalidad frente a los tratados sobre derechos humanos. Todo nuestro orden jurídico se apoya en el principio del interés superior del niño y la niña, esto no puede estar ausente».
A continuación, expuso el abogado Ricardo Gil Lavedra. El letrado enfatizó en la necesidad de legislar la interrupción del embarazo. «Una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano. Porque todos han establecido la necesidad de lo que se denomina protección incremental de los derechos en juego».
De forma alterna entre quienes están en contra y quienes a favor, procedió Ursula Basset, la directora del Centro de Investigación en Derecho de Familia que durante las exposiciones en Diputados sostuvo que «el feto en semana 20 llora».
«Esta ley da derecho a abortar, no a decidir. Si pensamos en salud y en violencia reproductiva que sufre la mujer, la ley no da respuestas. Me pregunto si la Argentina que estamos votando es humana, abierta a todos e inclusiva», advirtió. En esta ocasión no enfatizó en el feto que llora, pero sí volvió a mostrar que un debate democrático es difícil cuando las mentiras obstaculizan hechos científicos.
A continuación, expuso el doctor en Derecho, Andrés Gil Dominguez. Señaló que «el Comité de los Derechos del Niño ha dicho, en informes particulares y en tres oportunidades, que Argentina debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada al aborto y que debe revisar su legislación sobre el aborto.»
«Los instrumentos no son normas petrificadas, son normas dinámicas que tienen que dar respuestas a los desafíos de los derechos humanos que se van generando. Todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido, esa es la regla de interpretación.»
Por su parte, Gala Diaz Lagou, directora del Programa de Protección Social de CIPPEC advirtió que la legalización no se traduce en aumento de abortos. «La evidencia muestra que el acceso al aborto se estabiliza en el mediano plazo después de la legalización en niveles por debajo de las estimaciones en el contexto de ilegalidad», agrega.
Tras la exposición de María Elena Critto, socióloga y especialista en temas de salud, llegó el turno de la directora ejecutiva de CELS Litvachky. «La ilusión penal de imponer una moral única llega bien lejos pero nunca aporta construcciones colectivas igualitarias. Hoy con esta política el Estado persigue y desampara, este es el verdadero proyecto de descarte, los efectos de la criminalización», destacó. Además, señaló: «Los efectos de la criminalización hacia el colectivo de personas con capacidad de gestar es la limitación al acceso del sistema de salud. La relación entre aborto y pobreza es hipócrita porque plantea que solo las mujeres pobres abortan, eso es mentira»
Llegó el momento del abogado penalista, Alberto Bianchi. «Vamos a tener una crisis dentro del ordenamiento jurídico argentino porque la Constitución, la Convención sobre los derechos del Niño y el Código Civil, con respecto al Código Penal, van a decir cosas completamente distintas, no podemos permitir esto». Y destacó, algo confuso: «No estoy de acuerdo con que la ley sea de orden público porque no pueden ser derogadas por un acuerdo de partes, siempre son sumamente autoritarias. La eugenesia debe ser voluntaria, pero el feto no tiene capacidad de decidir.»
Por último, expuso la abogada penalista Luli Sanchez.«Cuando se prohíbe el aborto, también se prohíbe la circulación de ideas y esto se lo hace solo a personas con capacidad de gestar y a las mujeres. Se considera que no debemos tener derecho a determinado tipo de conocimientos», enfatiza.
Entre las 15 y 18 horas se escuchará la segunda parte de las y los oradores.
Participarán Edgardo Young, especialista en fertilización asistida; Aida Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba; Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista; Melisa García, abogada feminista; Débora Rainieri, abogada e investigadora de UCA y UBA; Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva de ELA; y María Inés Franck, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia.
También estarán la antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM), Marta Lamas Encabo; Santiago Alfonso, doctor de derecho y abogado; y la abogada argentina Susana Chiarotti.
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