A la proporción de adultos mayores de 65 años que reciben algún tipo de ingreso por jubilación o pensión por parte de un sistema previsional se denomina cobertura previsional. Desde 1996 hasta la actualidad, el porcentaje de adultos mayores con algún tipo de ingreso previsional ha experimentado incrementos en los países seleccionados, Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Si bien, los datos son de 2015 son válidos para analizar el nivel de la cobertura de los diferentes sistemas previsionales de los países bajo estudio.
La nación con mayor cobertura es Argentina con un 90,8%, seguido por Chile con un 87,9%. De igual modo, Uruguay alcanza el 87,3%. Asimismo, la cobertura de México y Brasil se ubica en 84,2% y 85,1% respectivamente. Argentina (92,4%) y Chile (88,4%), son las únicas dos naciones de los países seleccionados que tienen mayor proporción de adultos mayores del sexo femenino. En el resto la cobertura en los hombres es superior al de las mujeres.
Observatorio de Políticas Públicas UNDAV
El incremento en 3,5 millones de personas que comenzó a realizarse a partir del año 2007, brindando en la actualidad un piso de ingresos para casi la totalidad de las personas de tercera edad, siendo nuestro país actualmente de referencia regional y global en materia de seguridad social, lógicamente implica mayor gasto estatal. Esto se puede ver reflejado claramente en el peso de la partida de Seguridad Social tanto en el Presupuesto Nacional anual como en representación del PBI de cada año. En este sentido, en 2007, año en que se sumaron 1,1 millón de jubilados a la cobertura previsional, los gastos por Seguridad Social representaron en el presupuesto de dicho año el 39,7% del total devengado.
Este año, el Gobierno estimó destinar un 50,5% de los recursos totales presupuestados a los gastos en Seguridad Social, es decir, hoy este tipo de gastos representa un 10% más de un presupuesto para el Estado. Si se mide en relación al PBI, en 2007 estos gastos representaron el 6,3% del Producto Bruto de aquel año. En 2020 (teniendo en cuenta que el PBI va a retroceder aproximadamente un 12%, lo que incrementa el peso en este sentido), los gastos en materia previsional representan un 14,5% del Producto actual. Algo lógico dado el incremento en la cobertura alcanzado, llegando al récord este año de una cobertura previsional para la población de tercera edad del 94%.
La inversión extraordinaria realizada en contexto de pandemia, significó una ampliación significativa del rol de la ANSES y de la cobertura de la Seguridad Social en nuestro país. A la cobertura ordinaria de los jubilados y pensionados, los beneficiarios y beneficiarias de Asignaciones, se le sumaron este todos los beneficiarios de IFE, ATP, Bono Salud, etc. Con esto, la cobertura de la Seguridad Social alcanzó a más de 27 millones de personas.
Finalmente, cabe una mención a las medidas extraordinarias que viene realizando el gobierno para contener el impacto de la pandemia histórica del covid-19. En este sentido, por ejemplo, para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables y precarizados, la medida de mayor alcance fue el IFE, que se abonó en tres oportunidades y alcanzó a casi 9 millones de personas. El gasto estatal por el IFE fue de $265.712 millones, equivalente al 1,1% del PBI con el que culminará 2020.
Por otra parte, desde ANSES se decidió ir difiriendo deudas que tienen los beneficiarios de AUH y jubilados y pensionados con el Organismo. Con datos a septiembre, esta medida tiene un costo de $65.000 millones, que representa el 0,3% del PBI. Los bonos de $3.000 destinados a los jubilados y pensionados que cobran la mínima (el 75% del total) implicó una erogación de $13.100 millones, 0,1% del PBI.
También se realizó un refuerzo para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar (1,5 millones de personas), que implicó un gasto de $7.700 millones (además, ahora en diciembre vuelve a reforzarse el monto para dichos beneficiarios). Finalmente, otras tres medidas relacionadas a la contención de ingresos para los sectores más vulnerables fueron el refuerzo para el seguro de desempleo ($6.795 millones), el fortalecimiento de la provisión de alimentos a comedores comunitarios ($4.321 millones) y el estímulo a beneficiarios de planes sociales ($1.123 millones).
Sumado a estas medidas, se encuentran también medidas muy relevantes como el ATP y los créditos a tasas del 24%, que permitieron sostener el entramado productivo lo mejor posible (en la peor etapa de la pandemia y el confinamiento cerraron 20.000 empresas, proceso que paulatinamente se encuentra revirtiéndose). El ATP, hasta su sexta ronda implicó un gasto de $326.000 millones, lo que equivale al 1,3% del PBI. Los créditos a tasas del 24%, que ya llegaron a más de 300.000 empresas, tuvieron una erogación a septiembre de $484.000 millones, lo que implica un 1,9% del PBI actual. En total, teniendo en cuenta todo tipo de medidas extraordinarias producto de la pandemia del covid-19, el Estado lleva invertidos, a octubre, cerca de $1.829.686 millones, es decir, un 7,4% del PBI.
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Fuente: Observatorio de Políticas Públicas UNDAV