Según el informe del Observatorio Mumalá, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 se perpetraron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. De esa cifra, 270 fueron femicidios directos, vinculados y trans-travesticidios.
Cada 32 horas en Argentina se comete un femicidio. A ello se suma los intentos que, según se pudieron relevar, alcanzan a 278. En el marco de DISPO y ASPO la violencia recrudeció y dejó consigo a más de 300 niños, niñas y adolescentes sin madre.
A partir del Registro Nacional de MuMaLá, 230 femicidios fueron directo; 15 vinculados de niñas y mujeres; 17 vinculados de niños y varones; 6 trans/travesticidios; y 2 lesbicidios. Además, otras 34 muertes violentas se encuentran en proceso de investigación.
Desde el 20 de marzo, con el comienzo del aislamiento, los femicidios alcanzaron a 203. La tasa más alta la tiene Jujuy con 2,3 cada 100.000 habitantes, seguido por Tucumán y Salta. A nivel nacional la cifra alcanza 1,1 cada 100.000.
A partir del relevamiento de medios gráficos y digitales se pudo relevar que el método predominante para perpetrar los femicidios es el arma blanca (27%), seguido por golpes (21%) y arma de fuego (20%).
Vínculo con el agresor
En el 40% de los casos, el agresor era pareja de la víctima; el 19% era ex pareja; 15% familiares; y 14% conocidos. Solo un 6% eran desconocidos, mientras que otro 6% no cuenta con datos.
Lugar del femicidio
El lugar más inseguro para las mujeres continúa siendo su propio hogar. En el 66% de los casos el asesinato ocurrió el la vivienda de la víctima. Otros lugares son la vía pública (12%); la vivienda del agresor (6%); y descampados (6%).
En el 13% de los casos, la víctima permaneció desaparecida y en el 7% fue abusada sexualmente. El 8% era migrante de otro país, mientras que el 4% de otra provincias.
El 15% de los femicidas se suicidó. Y del total, el 4% pertenecía a una fuerza de seguridad.
Frente a esta situación, la organización sostiene que «es urgente declarar la #EmergenciaNiUnaMenos; la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse – disidente.»
Fuente: Observatorio Nacional de MuMalá