El gobierno nacional derogó este viernes un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria. Según establece el Decreto 138/2021, los cambios del macrismo «resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos«.
La normativa que deroga el decreto 70/2017 fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial con la firma del presidente y los ministros que integran el gabinete nacional.
La norma restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017». Asimismo, dispone la creación de una «Comisión Asesora de Política Migratoria» que tendrá que «proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871«.
El decreto que derogó el presidente había modificado «aspectos sustanciales» de la Ley que se consideran violaciones a los derechos humanos.
Se enumeran «violación al principio del debido proceso; al derecho a contar con asistencia y defensa legal; la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa; la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan; y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias».
Además, añaden que aquellos cambios aplicados durante la gestión anterior agravaron «exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria».
La posición de los organismos internacionales
Según señalan, distintas sentencias judiciales declararon «la inconstitucionalidad del decreto». Es el caso del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares; y del Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció al respecto: «los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio».
Tras la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) advirtió que la norma introducía «impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina».
Además, señalaron que «el decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia».
Fuente: Telam