Es falta de empatía, falta de responsabilidad y perspectiva de género. El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín revictimiza y responsabiliza a las propias víctimas de violencia sexual por no haber denunciado antes. Incluso, cuando son niñas y adolescentes.
Una vez más el enojo y la decepción es generalizada. Carlos Eduardo José cumplía prisión preventiva desde el 2017 por abuso sexual en el Instituto San José Obrero de Caseros. Pese a recibir varias denuncias de menores de edad solo uno de los casos prosperó ya que el resto fueron considerados prescriptos. La Dra Carolina Martínez votó a favor y los jueces Raúl Luchelli Ramos, Mónica María Carreira, en contra. Sobre el beneficio de la duda, el fallo fue a favor del abusador.
«El beneficio de la duda fue a favor del pedófilo, con todas las letras», advirtió. «Sinceramente es bochornoso. Iremos a Casación y buscaremos lo mismo que con las otras chicas que fueron abusadas. Seguiremos a la Corte. Luego a la Suprema Corte de la Provincia, a la Corte Federal y sino a la Corte Interamericana. Iremos a donde tenga que ser», agregó.
El Congreso de la Nación, a través de la Ley 27.206, modificó la prescripción de los delitos contra la integridad sexual de menores. Asimismo, se ampara en la Convención de Belem Do Para; en el Tratado Internacional por los Derechos del Niño; el Tratado Internacional por los Derechos Humanos; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La postura judicial continúa el camino de la revictimización y desprotección. Una reforma judicial es necesaria. Es necesaria por todas las víctimas y sobrevivientes. Y, sobre todo, para prevenir que nadie más viva situaciones de violencia con el amparo del Estado y la Justicia.
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