Volvimos, y no en forma de fichas. Tras semanas atareadas y de idas y venidas, volvimos a la programación habitual y a la Picada Sindical que reivindica los derechos de las y los trabajadores. Entre incertidumbre, aumentos, pandemia y otras cuestiones, presentamos la Picada Sindical de esta semana.
Cuestionamientos a la Tarjeta Alimentar
Juan Grabois cuestionó al gobierno y la ampliación de la Tarjeta Alimentar. En una entrevista, y después en una nota, sostuvo que los anuncios del pasado viernes son paliativos y que no profundizan ningún cambio. Además, agregó que se trata de una política de «asistencialismo puro».
En la misma línea, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) cuestionó la medida y sugirió una profundización de políticas que reconozcan el trabajo de la economía popular y advirtió que «si realmente queremos incluir, es a través del trabajo».
Estatales: porcentaje sí, forma de pago no
Después de unas cuantas vueltas, UPCN acordó un aumento del 35% para los estatales. Sin embargo, aún no se define cómo será la forma de pago. Según indican desde Info Gremiales, el gobierno tiene prevista una forma de pago similar a las cuotas del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que implicaría que el fin de pagos sea recién en 2022.
Por el otro lado, ATE afirmó que aceptaría el aumento del 35%, solo si se termina de pagar y revisar durante este mismo año.
Garbarino en crisis
La empresa lleva un buen tiempo sin dar buenas noticias. Carlos Rosales, presidente de la aseguradora PROF y protesorero del Club San Lorenzo de Almagro compró la cadena en 2020.
En medio de un contexto desalentador por la pandemia, los problemas no tardaron en llegar. La empresa cerró una decena de locales en todo el país y eliminó casi 500 puestos de trabajo. A ello se suma que adeudan salarios de marzo y abril, tiene un 30% de la planta de empleados suspendidos y ofrecen retiros voluntarios al 100% y en diez cuotas.
En un poco tiempo, otra vez se encuentra en proceso de venta.
La educación en Ciudad sin presupuesto
Con la autonomía de Buenos Aires, las clases presenciales permanecieron en la Ciudad porteña. Pese a la escalada de casos, los colegios permanecieron abiertos y con cientos de docentes realizando semaforazos, reclamos y huelgas.
Como no bastaba con la obligatoriedad de pisar las aulas, Horacio Rodríguez Larreta comunicó que se dejarán de enviar insumos para combatir el coronavirus en las escuelas porteñas.
El gobierno que dice preocuparse por la educación, resultó ser el distrito que menos invierte en educación. Según un informe que realizó Tiempo Argentino, en 2021 el Ministerio de Educación porteño tiene la asignación presupuestaria más baja de los últimos 9 años.
Para el próximo 21 de mayo, la filial porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), programó una «retención de tareas presenciales» y se suma a las medidas que vienen llevando adelante Ademys y ATE por las condiciones de trabajo y los docentes fallecidos.