En la primera mitad de 2021 se ejecutó el 49,5% ($785.455 millones) del presupuesto identificado con políticas con perspectiva de género (PPG), representando el 18,8% del gasto primario de la Administración Pública Nacional. De esta manera, la ejecución presupuestaria de las partidas etiquetadas con PPG registra en conjunto un incremento de 10% en términos reales respecto al primer semestre de 2019.
En su interior, se destaca la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con una participación del 80,4% ($631.364 millones) del gasto ejecutado para el conjunto de PPG. A pesar de su importancia, el presupuesto registra una baja de 4,6% en comparación a lo devengado en los primeros seis meses de 2019. Este retroceso se debe a una menor asignación dirigida a las “Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional” (Ley 26.970), la partida más importante al reconocimiento monetario del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Observatorio de Políticas Públicas UNDAV
Las Moratorias Previsionales representan el 76% del presupuesto ejecutado por el MTEySS y el 61% del presupuesto total en PPG. Su financiamiento registra bajas de 9,0% y 8,6% en comparación al primer semestre de 2020 y 2019, respectivamente. La principal causa del retroceso es la menor cobertura que generó en 2019 la prórroga de la Ley 26.970 que no extendió la fecha límite para la regularización de los aportes. Se restringió el acceso de las mujeres al derecho de la jubilación, y en menor medida, a la pandemia y las necesarias medidas de aislamiento que dificultaron las posibilidades de realizar los trámites correspondientes al alta de la jubilación por moratoria. En este marco, rescatamos la iniciativa de la ANSES con el anuncio del «Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado».
Le sigue en importancia la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) y la Pensión para madres de 7 o más Hijos, otorgadas por la ANSES que en conjunto representan el 24% del gasto ejecutado por el MTEySS y el 19,3% del presupuesto de PPG. Estas políticas contribuyen a mejorar la autonomía económica de las mujeres al ser ellas las principales titulares de derecho. En términos comparados, al primer semestre registran una caída de 10,9% respecto a igual período de 2020 y un incremento de 10,7% comparado con el primer semestre de 2019. Cabe destacar que los efectos de la pandemia COVID-19 afectan la base de comparación 2020 dado que a partir de marzo se introdujeron medidas excepcionales para la atención de la emergencia económica y sanitaria en el peor momento de la pandemia.
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Al primer semestre del año, el Ministerio de Desarrollo Social lleva ejecutado el 74% de su presupuesto vigente, marcando un incremento del 29,7% respecto a lo ejecutado en igual período de 2020 y una suba de 128,6% en comparación a 2019. La mitad de su presupuesto responde a la Tarjeta Alimentar que a junio de 2021 alcanza a 2.175.755 de mujeres. En términos comparados, en los primeros seis meses de 2021 la Tarjeta Alimentar registra una suba del 4,8% respecto a igual período del año pasado y un incremento de 1.043% comparado con el primer semestre de 2019.
Le sigue en importancia en términos de ejecución presupuestaria el programa Potenciar Trabajo, donde aproximadamente el 63% de personas “beneficiarias” son mujeres. A junio de 2021, el programa alcanza a 1.004.692 personas, más que duplicando la cantidad registrada en el mismo mes de 2020 (563.740 personas). Asimismo, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, incorporó a 11.629 personas en situación de violencia. En términos comparados, al primer semestre del año este programa registra una suba del 82% respecto a igual período del año pasado y un incremento del 97,1% comparado con el primer semestre de 2019 (programa Hacemos Futuro).
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El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades alcanza una ejecución presupuestaria al primer semestre de 2021 de $1.538 millones. Habiéndose ejecutado el 25% del crédito vigente, esta jurisdicción marca un incremento del 415% respecto a lo ejecutado en igual período de 2020 y una suba de 592% en comparación en los primeros seis meses de 2019. Nuevamente, destacamos que solo se puede referir a una subejecución presupuestaria al cierre de cada año ya que no todas las políticas necesitan ser financiadas al ritmo del transcurso del año.
La ejecución presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al primer semestre de 2021 asciende a $153 millones. Habiéndose ejecutado el 27% del presupuesto, esta jurisdicción mantiene los niveles de 2020 y registra una suba de 161% en comparación con los primeros seis meses de 2019. El mismo se dirige a prevenir, atender y erradicar la violencia física contra las mujeres. Incluye la partida “Protección de Víctimas de Violencias” con una participación del 72% y el programa de “Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata” que representa el 28% restante. Ambas partidas registran subas reales de 90,3% y 5.391% en comparación a 2019.
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Fuente: Observatorio de Políticas Públicas UNDAV