La médica detenida por practicar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tartagal, Salta, aseguró que «fue una práctica médica absolutamente legal y la paciente no tuvo derecho a su confidencialidad».
«La legisladora (Cristina) Fiore de la provincia de Salta levantó mi caso obviamente mintiendo, porque de la única manera en la que se puede usar mi caso es mintiendo», denunció. Y enfatizó: «Esto no debiera haber salido nunca a la luz porque fue una práctica médica absolutamente legal y la paciente no tuvo derecho a su confidencialidad», expresó Miranda Ruiz.
En diálogo con AM750, la médica también contó que es la única que realiza consultas de IVE e ILE en el Hospital de Tartagal de demanda espontánea.
Y detalló que la acusan de «obligar a abortar», pero que no hay pruebas que sustenten eso. «Que alguien me explique cómo hago yo como médica para obligar a una paciente a tener media hora las pastillas debajo de la lengua y que las trague durante tres horas hasta una expulsión», señaló.
«Esto no debiera haber salido nunca a la luz porque fue una práctica médica absolutamente legal y la paciente no tuvo derecho a su confidencialidad», expresó Miranda Ruiz.
Por otro lado, remarcó que la denuncia fue realizada por un familiar de la paciente. «Los familiares fueron utilizados políticamente por un sector de la sociedad que está militando en contra de la ley de aborto» agregó, y detalló: «esto es un caso típico de ‘lawfare’ en donde un sector político de la sociedad en connivencia con algunos medios de comunicación y la justicia».
Y cerró con un mensaje para las y los trabajadores involucrados. «No pueden dejar sin una médica al Hospital de Tartagal. No puede ser que no les importe nada con tal de salirse con sus intereses. Porque uno puede militar en contra de la ley de aborto, pero lo tiene que hacer de manera honrada, noble».
Pese a la detención que la tuvo en vilo durante horas, agradeció el apoyo. «Estoy muy conmocionada y agradecida por todo lo que sucedió: los pacientes, los familiares, todo el hospital en su conjunto, el ministro de Salud, la Dirección Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; el Estado me bancó. Todos estaban insistiendo para que me liberen de la cárcel porque esto era una locura», concluyó.
Justicia patriarcal
En la entrevista Ruiz vinculó a este atropello de derechos con uno anterior. «En octubre del año pasado, yo denuncié penalmente a un ginecólogo del hospital por abusar de una menor en contexto de que esa persona le solicita un aborto en su medio privado. El señor le dice: ‘o me das 20 mil pesos o tenés sexo conmigo tres veces por semana'», contó. Y advirtió que no hubo ningún tipo de avance judicial ya que el hombre continúa en su cargo desde entonces.
El punto en común, además de una cuestión de salud, es el abogado del médico. «El abogado de ese señor es el abogado de la familiar que me acusa», indicó Ruiz.
Fuente: Telam