Un 23 de septiembre de 1913 el Gobierno Nacional sancionó la Ley 9.143. Se trata de la primera ley del mundo en penalizar la explotación sexual y la trata. Pero, ¿Por qué es tan difícil desentramar estas redes? ¿Cuáles son las políticas públicas que deberían existir para que no tengamos que hablar mas de trata?
Garantizar la restitución de derechos para víctimas rescatadas; que las investigaciones judiciales vayan a fondo de estas redes; y la articulación de políticas públicas. Estos son los tres grandes problemas a resolver para luchar más eficazmente contra este tipo de delitos.
Según datos del Comité por el Programa Nacional de Rescate, durante el 2021 -desde el 1 de enero al 31 de agosto- se rescataron y asistieron a 1.000 víctimas de trata. Del total, el 68% corresponde a explotación laboral y 21% esclavización sexual.
En una entrevista con la agencia de noticias Télam, el Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera explicó cuales son las problemáticas: «Al momento en que asumimos nos encontramos con tres grandes problemas a resolver que no se estaban trabajando eficazmente».
1. Garantizar de la restitución de derechos para las victimas rescatadas
El primero de ellos es que no se estaba «garantizando la plena restitución de derechos para las víctimas rescatadas». Una realidad de la que da prueba el hecho de que «desde 2008 a la fecha se rescataron 17.000 personas, pero solo el 20% logró reinsertarse socialmente y el 80% sigue en estado de vulnerabilidad».
Esto sucedió por falta de políticas claras de acceso a la vivienda, empleo y acompañamiento terapéutico de los y las sobrevivientes. Si bien al principio interviene el programa de rescata, al empezar la reinserción social los planes eran débiles o nulos.
Para comenzar a revertir esta situación, Vera explicó que esta semana empieza a ejecutarse el Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas.
El objetivo es que decenas de sobrevivientes puedan acceder en el corto plazo a un trabajo digno en el ámbito privado o público. Recibiendo una «asignación no remunerativa mensual equivalente al salario mínimo por un año» mientras dura el entrenamiento en oficios.
Pero el acompañamiento a las y los sobrevivientes no se queda en lo laboral y por eso «se firmó un convenio marco con el Ministerio de Salud». El fin es garantizar la asistencia terapéutica de las víctimas y otro con el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
En virtud del cual «se crea un estatuto especial de acceso a la vivienda de modo que en los cupos de emergencia que cada instituto de la vivienda tiene que haber reservado un segmento para que las víctimas acceden a una casa nueva».
2. La trata de personas es el tercer delito mas rentable
En segundo lugar, otro «gran problema» es que la trata de personas es «el tercer delito más rentable», luego del tráfico de drogas y de armas.
Por lo cual su combate no será efectivo en la medida en que «no se reconstruye la ruta del lavado del dinero y se desmantele su estructura económica de raíz».
«En las casi 530 sentencias firmes sobre trata de personas desde la sanción de la ley, la mayoría de los condenados son los últimos eslabones de la cadena de los verdugos». «Con lo cual tenemos una enorme cantidad de perejiles condenados pero rara vez se busca más allá», dijo.
«La trata de personas es «el tercer delito más rentable» luego del tráfico de drogas y de armas».
Atento a esto «hemos firmado un convenio de cooperación con la UIF que se incorporará al comité ejecutivo», lo mismo que la AFIP a través de la recientemente creada «dirección de trabajo ilegal».
3. Para vencer a la trata se necesita la cooperación de los tres poderes del estado
«Y en tercer lugar, el combate a la trata es imposible si no la existe máxima cooperación de los tres poderes del estado de modo federal. Con una articulación cotidiana con las autoridades provinciales y locales y con las organizaciones de la sociedad civil», dijo.
En ese sentido, explicó que «en este momento en el país existen mesas interinstitucionales» conformadas por todos estos actores en 20 de las 24 provincias. Permiten no sólo la realización de «acciones coordinadas» y un «multicontrol» que «disminuye las posibilidades de organismos que actúen discrecionalmente y con zonas liberadas».
Particularmente, esta articulación fue muy útil durante la fase 1 de la cuarentena por la pandemia cuando «los viajes y comunicaciones estaban bastante ralentizadas». A pesar de lo cual «el trabajo en cada provincia permitió mantener alta la vara en la lucha contra la trata».
«Y además hay un trabajo muy fuerte con cancillería para convenios de cooperación para las fronteras calientes», finalizó.
Fuente: Télam