Familiares y amigos de la militante comunista y feminista María Florencia Gómez, asesinada a golpes hace un año en la localidad santafesina de San Jorge, marcharán este martes para pedir justicia porque tras el femicidio de María, el femicida sigue suelto. Y hasta el momento no hay ningún imputado en la causa por el caso.
Gómez era una mujer muy conocida en San Jorge, una ciudad de poco más de 20 mil habitantes, donde militaba en el PC e iba a ser candidata a concejala. Además, la víctima se había volcado a la militancia feminista contra la violencia de género.
«Ya se va a cumplir un año de la fecha que la mataron y de que hay un femicida suelto en San Jorge», dijo el abogado Matías Pautasso, representante de la familia de Gómez.
Por su parte, el fiscal de la causa, Omar De Pedro, dijo que «se siguen produciendo testimoniales y hay más de diez exámenes de ADN por hacer» con posibles sospechosos. Al tiempo que agregó que «es una causa compleja por el lugar donde sucedió el hecho».
En tanto, uno de los hermanos de la víctima, expresó: «Es desesperante todavía no tener un resultado concreto, pero estamos tranquilos de que se está trabajando». Sostuvo que la investigación «está detrás de los pasos» del o de los posibles autores, y se esperanzó en que «alguien va a decir algo».
El femicidio de Gómez fue cometido el mediodía del 12 de octubre de 2020.
La victima salió a caminar, como lo hacía habitualmente, por uno de los límites de la ciudad de San Jorge, ubicada en el departamento San Martín del centro-oeste de la provincia de Santa Fe.
Al momento del hecho, la mujer estaba separada de su pareja, el concejal de esa ciudad por el Partido Comunista, Lisandro Schiozzi, con quien tenían dos hijos.
Por la tarde de ese mismo día, la Policía la encontró muerta, cerca de un cañaveral de un camino rural.
Según el fiscal, la evidencia objetiva del caso muestra que «recibió varios golpes de puño y fue rematada por un objeto contundente», posiblemente una piedra que se encontró a pocos metros de su cuerpo, donde también apareció el teléfono celular de la mujer.
También es materia de investigación si la mujer fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada a golpes, dijeron voceros del caso.
En la investigación se tomaron decenas de declaraciones y se produjo un hecho poco común. El fiscal obtuvo más de 30 muestras de ADN de personas vinculadas al círculo íntimo de la mujer.
«Todas están fundamentadas con líneas de investigación», dijo el fiscal y agregó que los resultados de las muestras fueron negativos, aunque no por eso se desechan las líneas de la pesquisa.
Ahora ordenó nuevas declaraciones y más pruebas de ADN, aunque se excusó de brindar detalles para no entorpecer la investigación.
«No sólo se siguen sus vinculaciones íntimas, sus relaciones personales, sino también lo que tenía que ver con lo que se estaba formando, las cuestiones de género, ella acompañaba a mujeres víctimas de violencia», contó su hermano.
A principios de agosto, el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de $1.000.000 a quien pueda aportar datos concretos para resolver el caso.
El abogado de la familia consideró positiva esta medida: «Ahora está la recompensa, estoy convencido que la persona que cometió semejante hecho lo va a hablar con alguien, y alguien pueda denunciarlo.»
El fiscal, el abogado querellante y el hermano de la víctima coincidieron en que se trata «de un caso complejo» dado que en el lugar donde ocurrió el crimen no hay cámaras de videovigilancia y, hasta el momento, no aparecieron testigos del hecho.
Explicaron que si bien se trata de un camino rural, es un sitio donde los vecinos salen a caminar, es una entrada a la ciudad y en las cercanías hay una fábrica, además de personas que trabajan en el campo.
Mientras que Urteaga explicó que entiende que «es una situación bastante complicada, esto genera muchísimo miedo, porque si son capaces de hacer lo que hicieron con mi hermana, es entendible que haya temor».
Fuente: Télam