En la mayoría de los países del mundo para casarse hay que tener como mínimo 18 años, pero en algunos de ellos la ley permite excepciones. Tal como era el caso de Filipinas, donde el matrimonio infantil está tan naturalizado que una de cada seis niñas se casa antes de cumplir la mayoría de edad.
Recientemente, durante las últimas horas, gracias a la vigencia de una ley firmada por el presidente, Rodrigo Duterte, el matrimonio infantil se convirtió en ilegal.
La normativa establece penas de prisión de hasta 12 años para adultos que se casan o cohabitan con una menor de 18 años. Además, aquellos padres o tutores legales que accedan a casar a los menores perderán la custodia y todos los matrimonios quedarán inmediatamente anulados.
«El Estado ve el matrimonio infantil como una práctica que constituye un abuso de menores porque corrompe, degrada y menosprecia el valor intrínseco y la dignidad de los niños», señala la ley.
«El Estado ve el matrimonio infantil como una práctica que constituye un abuso de menores porque corrompe, degrada y menosprecia el valor intrínseco y la dignidad de los niños»
Para el Gobierno de Filipinas, la flamante ley es consistente con las convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres y la niñez.
700 millones de menores casadas en el mundo
El país del sudeste asiático es el número 12 a nivel mundial en matrimonios de menores. Según datos de Unicef, en el mundo existen 700 millones de mujeres que contrajeron matrimonio antes de cumplir 18 años.
De los 20 países con más prevalencia, 17 se ubican en África, dos en Asia y uno, Nicaragua, en América Latina. A nivel general, el primero de la lista es India, con 26,6 millones con mujeres en el mismo rango. Brasil y México también están en el top 10, con 2,9 millones y 1,2 millones respectivamente.
Un año de adaptación
Si bien para nuestra cultura es inaceptable el matrimonio infantil, hay que entender que para las comunidades musulmanas e indígenas el matrimonio de menores es histórico y sumamente común.
Es por ello que partes de la nueva reglamentación quedarán suspendidas por un año para dar un plazo de transición social y cultural.