El domicilio de la presidente del bloque de Consejales del Frente de Todos en Pinamar, fue baleado el lunes pasado. Los atacantes huyeron en un auto y por suerte, no hubo heridos. La concejala denunció que se trató de un atentado y ahora cuenta con custodia policial.
El hecho habría ocurrido cerca de las 21:00, en una vivienda de la localidad de Ostende, donde no solo vive la funcionaria Tamara Rosso, sino que además su esposo y su hija de 12 años.
En ese momento, integrantes a bordo de un vehículo dispararon contra el inmueble y huyeron. Tamara explicó que al momento del ataque se hallaba su hija con una amiga. «Estaban a punto de ver una película, y escucharon un ruido muy fuerte», relató.
Según lo que relata, durante el ataque, ella y su esposo se encontraban en un negocio a cinco cuadras de la casa. La llamó a su hija para saber como estaba y ahí le cuenta haber escuchado un ruido muy fuerte que le provocó dolor de oído y a los pocos minutos se enteran que había un vidrio roto.
«Aun si pensar en nada malo, mi esposo se va para casa. Luego de ver lo que había ocurrido, me cuenta e inmediatamente, conmocionados y en shock por el hecho, radicamos la denuncia en la comisaria de Ostende«, explicó.
Violencia política
Para la concejala, el hecho fue un atentado y lo consideró como violencia política. «Estoy con custodia policial y espero que la justicia logre dar con los autores del hecho», dijo.
Además detalló que el proyectil entró por la ventana, atravesó todo el comedor y quedó incrustado en el marco de una puerta interna de la casa. «Pasó a 20 centímetros de la cabeza de mi hija, fue realmente un milagro», comentó.
«El proyectil entró por la ventana, atravesó todo el comedor y quedó incrustado en el marco de una puerta interna de la casa, pasó a 20 centímetros de la cabeza de mi hija»
TAMARA ROSSO
Una fuente de la investigación señaló que tanto el proyectil que se extrajo del marco de una puerta internada del domicilio como la vaina que se encontró en la calle corresponden a un calibre 9 milímetros. El hecho es investigado por la UFI 4 de Pinamar, a cargo de Juan Pablo Calderón, del Departamento Judicial de Dolores.
Fuente: Télam