Micaela era una joven igual a muchas que conocemos. Tenia tan solo 21 años, era feminista, estudiaba educación física en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y militaba en el Movimiento Evita.
Era oriunda de Concepción del Uruguay y dentro de su agrupación política tenía una participación constante en actividades barriales y feministas.
Un 1 de abril de 2017, salió de un boliche en Gualeguay y no se supo nada más de ella. Por una semana, su cuerpo fue buscado por parte de una sociedad entera que, hasta hoy, reclama justicia con perspectiva de género.
El 8 de abril, a una semana de su desaparición, fue hallada sin vida debajo de un árbol en un campo denominado Seis Robles a 2,5 kilómetros de la Ruta 12. Los peritajes lanzaron que había sido violada y estrangulada el mismo día que desapareció.
El responsable fue Sebastián Wagner, un hombre de 31 años que ya contaba con una denuncia por violación. Asimismo, había sido encarcelado Néstor Pavón por encubrimiento, quien finalmente quedó en libertad tras pagar una caución de un millón de pesos, con una camioneta.
En junio de 2019 Wagner recibió una condena a prisión perpetua de la Cámara de Casación Penal, pero su familia sigue pidiendo justicia, ya que su cómplice continúa en libertad.
Ley Micaela
El caso de Micaela fue fundamental para visibilizar la falta de perspectiva de género en la Justicia y en el Estado. García se convirtió en bandera del feminismo, pero aún así la justicia de Entre Ríos sigue haciendo oídos sordos al reclamo de una sociedad entera.
El crimen, además, llevó a la sanción de la llamada «Ley Micaela» en diciembre de 2018. Una normativa que establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.
A cinco años del femicidio y a cuatro de la sanción de la ley, me hubiese gustado escribir una nota que pueda expresar que las cosas cambiaron, pero lamentablemente no es así.
Nos siguen matando a plena luz del día con total impunidad porque saben que quien los condena es un sistema judicial que desconoce la gravedad de los crímenes de odio por género. Un sistema que no escucha a las denunciantes y minimiza las violencias hacia las mujeres. Además de revictimizar a quienes denuncian a tiempo y normalizar las múltiples formas de violencias.
Sin un Estado presente y un poder judicial competente, no hay normativa ni capacitación que alcance. Cada femicidio nos mueve a seguir peleando por una sociedad más justa, por no despedir a ninguna mujer más y para que dejen de matarnos como lo siguen haciendo.