La emergencia sanitaria por el COVID19 nos golpeó a todos. El mundo entero se encontró con una realidad para la que no estaba preparada y la incertidumbre nos empujó al miedo y a las dudas. Sin embargo, hay acciones que nunca se limitaron, sino que empeoraron.
El aislamiento obligatorio fue una excusa para el ejercicio de la violencia institucional. Eso sí, la sufrieron las mismas personas de siempre: las juventudes, las mujeres y los sectores más vulnerables. Al resto una multa, un pedido de disculpas público y a otra cosa.
El caso de Florencia Magalí Morales no es uno más. En su asesinato hay huellas de todo tipo. Hay connivencia política, hay complicidad y una policía que además de corrupta, es asesina. Y la justicia, una vez más, dilata los tiempos, omite pruebas y acusa a la familia. No basta con el dolor de perder a una hija, una hermana o una madre, también es necesario seguir luchando para que investiguen, para que acusen y para que condenen a los responsables de una muerte innecesaria, pero sumamente dolorosa.
Celeste es su hermana, vive en Mendoza y recuerda aquel día que en un confuso episodio su hermana terminó detenida en un pueblo a 50 kilómetros de la capital de San Luis. Confuso, sí. Confuso porque dijeron que la detuvieron por ir en contramano con la bicicleta, también que había salido un día que no coincidía con la terminación de su DNI. Incongruencias por todas partes.
«¿Qué ganas de suicidarse podía tener?» le dijo Celeste Morales al comisario Clavero. «De una manera descarada él venía y decía que venían los vecinos a preguntar por qué gritaba tanto esta chica», detalla sobre su conversación con el agente de la policía puntana.
Florencia salió de su casa y dejó a sus tres hijos solos (11, 7 y 5 años en ese entonces). La desesperación por salir de la comisaría la llevó a gritar, pedir ayuda, «llegó un momento en el que pedía por un médico». «Si alguien se va a suicidar, no va a estar pidiendo auxilio«, advirtió su hermana.
A los hijos de Magalí, como la llama su familia, recién comenzaron a brindarle información en agosto de 2021. Hasta entonces, la desidia estatal fue total. «Después de casi dos años, me hicieron una entrevista para que puedan empezar el psicólogo. En dos años no me llamó nadie. Una persona quedó en pasar, nunca apareció».
«El único reclamo que me hizo mi sobrino fue: ‘¿Viste que a mi mamá le sacaron partes del cuello, que no se suicidó y que la mataron? ¿Por qué no me lo dijiste?'»,
Celeste Morales, hermana de Florencia.
La marcha de las piedras
«A partir de la Marcha de las Piedras, empezamos con mi mamá a largarle ciertos datos sobre la muerte de Magali. Por ejemplo que no había sido de una forma normal en la que había muerto, que había abogados y se hacían marchas para aclarar la situación», contó Celeste.
«¿Por qué se los tuve que decir? Y se los tuve que decir porque en la Marcha de las Piedras yo fui con un cartel que decía «A Florencia Morales no la mató el COVID, la mató la policía de San Luis». Lo vieron, pero no me preguntaron nada. El más grande me ayudó a pintar las piedras, incluso», continuó.
La manifestación, acompañada de notas, obligó a Celeste a brindarle más detalles a su sobrino sobre la muerte de su mamá. «El único reclamo que me hizo mi sobrino (13 años) fue: ‘¿Viste que a mi mamá le sacaron partes del cuello, que no se suicidó y que la mataron? ¿Por qué no me lo dijiste?’. Y le dije «no era el momento para que te enteraras. Tal vez este era el momento».
Además, el nene le aseguró a su tía: «si yo hubiera estado con mi mamá, esto no le pasaba». Y reclamaba frente a cada detalle nuevo: «¿Por qué me tuve que enterar cosas que no sabía?»
La detención de Florencia
La familia de Florencia se enteró que estaba detenida en la comisaría a las siete de la tarde. Nancy, una amiga, les avisó que la detuvieron por la mañana.
«Llamé a la comisaria varias veces. Y dos o tres veces me dijeron que no podía hablar. Hasta que hablo con una mujer policía como a las 23 horas. Le pido que me diga quién es y le expliqué que llamaba de Mendoza. Me dijo ‘mi nombre es Johana Torres (una de las imputadas)'», recuerda. Y continúa: «le expliqué por que estaba llamando y me dijo ‘su hermana no la puede atender ahora porque su hermana está declarando’. Mi hermana tenía cinco, seis horas de muerta«.
Insiste con saber qué pasó con Florencia. Recién tres horas después de la detención, a las dos de la mañana, vuelven a atender el teléfono. «Clavero me dijo descaradamente ‘su hermana fue detenida por andar en bicicleta en contra mano’ -en un pueblo- la detuvimos en la vía pública». Y siguió: «Está detenida así que va a tener que venir a la morgue a buscarla'», dijo Clavero después de que le hayan dicho que su hermana estaba declarando.
«Está detenida así que va a tener que venir a la morgue a buscarla'»,
dijo el comisario Heraldo Clavero
Cuando preguntó por qué a la morgue, si le habían dicho que estaba declarando, el comisario contestó: «tu hermana decidió suicidarse». ¿Con qué se suicidó según informaron los efectivos? Con el cordón del buzo que llevaba puesto. Sin embargo, se comprobó que las marcas en el cuello son del cordón del borcego de un policía.
La causa
La caratula de la causa es «averiguación de muerte». En el caso de Florencia hay cuatro policías imputados. El juez de Instrucción, Jorge Pinto, resolvió el 2 de diciembre del año pasado el procesamiento de cuatro policías. Además, dispuso la detención y prisión preventiva para dos de ellos: el jefe de la dependencia, Heraldo Clavero y el jefe de guardia, Marcos Ontiveros. Sin embargo, a los días fueron excarcelados tras pagar una fianza de solo $200 mil. Johana Victoria Torres y María Eugenia Arguello son las otras dos policías imputadas.
«Acá hay más involucrados. Pasando por los jueces, los fiscales (pasaron 3 o 4) y te hablo de uno en particular: Roberto silvestre», explicó Celeste.
El fiscal Silvestre dijo que «los policías han cometido delitos menores… Pero a mi hermana la mataron a golpes, la estrangularon».
«¿Y qué decir del forense que le sacó el musculo arterial a mi hermana? Son todos participes necesarios de este homicidio», señaló tras señala a Gustavo Lafourcade, el médico forense responsable de la primera autopsia.
«El primer informe fue de tres hojas. Puso que tenía un tatuaje y le mandó cualquier sigla. Tampoco habla de los golpes. Y cuando Santiago Calderón Salomón -abogado- le pide que amplíe, ahí nombra los golpes. Pero no se acordó de poner la falta de músculos, venas y arterias del cuello», detalló Celeste. Sin embargo, nada le afectó: el forense sigue su vida normal.
«¿Y qué decir del forense (Gustavo Lafourcade) que le sacó el musculo arterial a mi hermana? Son todos participes necesarios de este homicidio.»
Celeste Morales
Cuando se decide hacer una segunda autopsia, «el juez dijo que nosotros teníamos que pagarla. Eran 200, 250 mil pesos en plena pandemia», explica Celeste. Y advierte: «finalmente, lo terminó pagando el gobierno de San Luis, a través de la Secretaria de la Mujer».
«Imaginate la magnitud de los golpes que le dieron a mi hermana, que le hicieron la autopsia a los cuatro meses y todavía se notaban los golpes en un cuerpo en descomposición«, señaló. Y agregó que Lafourcade no cumplió con los protocolos y tampoco hizo un examen genital. «Cuando le preguntaron por qué no lo hizo, dijo que él estaba investigando un suicidio, no un homicidio».
«Tuvimos que pagarle a un perito forense para mostrar que a mi hermana la mataron y aún así no quieren cambiar la carátula de la causa. Y el juez y el forense todavía sostienen que los policías cometieron un delito menor ‘el mal desempeño de un funcionario público'», continúa Celeste.
«Mi hermana fue torturada, asesinada. Cuando a mi hermana la reducen, lo hacen cuatro hombres. Dos de 1,80 o 2 metros. ¿Y con qué te salen? Que ella rasguñó a la policía. ¿Con eso alcanza para matarla?», detalla enojada.
«Mi sobrino se acercó y me dijo
‘a Magalí la mataron'»
«Cuando voy a ver el cuerpo de mi hermana, un policía me dijo que ver a mi hermana iba a ser traumático. Tuve que insistir. A mi hermana la habían envuelto porque decían que su ropa se la llevó criminalística. Se le veía solo la cara y el pelo. Después entendí por qué…»
En la sala de velatorios, quisieron que la familia se vaya rápido. Intentaron echarlos con la excusa de la pandemia. Y la policía estaba ahí, cerca, vigilando. Frente al cuerpo, el sobrino (30 años) de Magali le mira el cuello y «no tenía un surco, tenía dos». «Mi sobrino se acercó y me dijo ‘a Magalí la mataron'».
Y la situación era cada vez más preocupante.
«Cuando vamos al cementerio, había un policía sacándole fotos a la sala, al cajón. A nosotros de espaldas. Al otro día volvimos y había una camioneta de la policía. Nos escoltaron hasta el cementerio», detalló. Incluso en el cementerio se arrima un policía y le hace una seña para decirle «se tienen que ir. Por protocolo no pueden estar acá».
En San Luis la familia se vio condicionada continuamente. Hasta que se fueron a Mendoza. Al partir de la provincia, no le pidieron nada. Ni papeles, ni nada que exprese el por qué de estar «rompiendo la cuarentena».
«A mi hermana la mataron en una democracia»
Celeste se angustia, recuerda sus días de dolor y tristeza. Esos días también son ayer y antes de ayer, esos días incluyen también este 5 de abril tan significativo. Celeste es la responsable de los hijos de Florencia y pone el pecho para cuidar a todos, a su hijo, a sus sobrinos, a sus padres y a la memoria de su hermana.
«El sufrimiento de los niños es del día a día, como el de mi mamá. Han pasado dos años. Mi hermana se venía, le golpeaba con las manos y le caía cada dos por tres a mi mamá. Te duelen muchas cosas como esto. Cuando estás de este lado todo es distinto. A mi hermana la mataron en una democracia», refuerza luego de comentar las críticas de quienes minimizan la violencia institucional.
Hoy se cumplen dos años del asesinato de Florencia Magalí Morales, ¿Cuánto tiempo más debe esperar la familia para que se cambie la carátula y se haga justicia? ¿Cuántas espaldas más, cuántos silencios? ¿Cuánta impunidad?