El bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para sancionar a piqueteros con quita de subsidios y prisión.
Según el proyecto firmado por el diputado nacional Gerardo Milman, un militante podrá recibir una condena que va de tres meses a dos años de prisión.
El funcionario de derecha reclama que sean sancionadas las asociaciones u organizaciones sociales que reciban alguna prestación económica por parte del Estado Nacional y cometan «contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas».
A la hora de ejemplificar, nombra manifestaciones como «el impedimento de la libre circulación de los ciudadanos; o impedir desarrollar libremente su tarea productiva o comercial».
Además, argumenta que «desde la década de los noventa, los planes sociales han constituido un recurso recurrente utilizado por el Estado para paliar el conflicto social, cooptando a los sectores populares. Pero la relación del Estado con estos sectores nunca se da de manera directa, sino a partir de distintas mediaciones».
Según el diputado, «el gobierno kirchnerista consolidó una alianza perfecta» con las organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y organizaciones barriales similares.
«Los planes sociales han constituido un recurso recurrente utilizado por el Estado para paliar el conflicto social, cooptando a los sectores populares»
DIPUTADO NACIONAL, GERARDO MILMAN
«El cobro del plan exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan”, afirma el proyecto.
Al respecto, Milman concluyó asegurando que el proyecto «busca defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación».
Asimismo, señaló «penar que las movilizaciones y manifestaciones callejeras sean utilizadas para actos vandálicos o el cometido de delitos”.
Presenté un proyecto de ley para sancionar a los movimientos sociales que corten las calles.
Ninguna protesta puede ser una excusa para cometer un delito e impedir la libre circulación. pic.twitter.com/fNYquuFFYM— Gerardo Milman (@gmilman) May 24, 2022
Entre las sanciones que figuran en el documento, se apunta a suprimir la personería jurídica y el embargo de bienes, cuentas bancarias o patrimonio. A los fines de indemnización y/o reparación económica, además de la quita del beneficio económico estatal.
«El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos (…) será reprimido con prisión de tres meses a dos años», detalla el proyecto.