Este jueves se aprobó la ley contra la violencia sexual en el Congreso de España. La «Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual» implica un cambio en el Código penal español, elimina la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero.
La norma se impulsó tras la violación grupal en 2016. En Pamplona, una joven de 18 años fue violada por cinco hombres que grabaron los hechos y compartieron los videos por WhatsApp.
Tras la modificación de una palabra del documento, este jueves la norma quedó aprobada por 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones. La negativa la expresaron el Partido Popular (PP) y Vox.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló este como «un día de victoria después de muchos años de lucha». Además, destacó la norma porque significa que el Estado brindará «un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son victimas de violencias sexuales».
«Sí es sí», una reforma del Código Penal
La ley recientemente aprobada implica una reforma del Código Penal de España y pone en el centro al «consentimiento». El texto detalla que se entenderá por consentimiento cuando se manifiesta libremente «mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona».
Esta reforma implica un cambio para las víctimas de violencia porque no deberán acreditar. Lo mismo sucederá con quienes se hayan resistido a un hecho de abuso o violación. Como así tampoco será necesario el uso de violencia o intimidación para tipificar el delito.
Asimismo, la ley considera ilícita la publicidad que contribuya a la prostitución y castiga a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización.
Por último, se reconoce el derecho de las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas y los menores que cometan delitos sexuales deberán realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.
El hecho que motivo la ley
En 2016 una joven de 18 años fue violada por un grupo de hombres durante las fiestas de San Fermín, Pamplona, España. Además de grabar el hecho, compartieron los videos por WhatsApp.
La violación grupal fue conocida mundialmente como «La Manada» y generó fuerte repudio.
En primera instancia, los participantes del delito recibieron 9 años de prisión por «abuso sexual». La caratula se definió porque no había intimidación ni violencia, lo que implica una pena menor a la de una violación.
Tras movilizaciones bajo el lema «Yo sí te creo» y peticiones para endurecer el Código Penal, en junio de 2019 se corrigió la sentencia. El Tribunal Supremo consideró que no se trataba de abuso, sino de violación. La pena de los acusados ascendió a 15 años.