Pese al blindaje que impidió que la información circulara, a principios de diciembre la titular del juzgado N° 21 ordenó embargar las cuentas de la ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. La decisión la motivó el ocultamiento de información solicitada a través de la ley 104 sobre las vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad.
En 2018 el abogado Eduardo Daniel Barreyro presentó un amparo en el que le solicitó a la ministra de Educación de detalle de secciones y turnos para la franja etaria comprendida entre los 45 días y los 3 años. Particularmente lo hizo para la Escuela Infantil N° 6 Naranjo en Flor.
Según detalló Tiempo Argentino, Barreyro también pidió información sobre la capacidad de cada sección desglosada por turnos y cantidad de vacantes disponibles para el ciclo lectivo 2019; los aspirantes que seleccionaron el establecimiento como primera opción desglosado en secciones y turnos; vacantes asignadas en cada sección y turno; las vacantes asignadas como prioridades de ingreso de primer orden para cada sección y turno; y, por último, vacantes asignadas como prioridad de ingreso de segundo orden.
123 notas, multas y ninguna respuesta
Según informó el mismo medio, después de presentar 123 notas requiriendo informes sobre diferentes escuelas, la ministra evitó todas brindar respuestas.
En 2021 quedó firme la resolución que determinó que Acuña no cumplió la sentencia. Allí, ante la falta de respuestas, la justicia condenó a la ministra con una multa de 3 mil pesos por día. Cada día sin informar sumó una nueva multa.
El 20 de octubre de este año, quedó firme la liquidación de la primera etapa: 45 mil pesos. Sin embargo, en la suma total la cifra ascendería a 456 mil pesos.
La sentencia quedó firme en última instancia. La sanción del Tribunal Superior de Justicia porteño fue aprobada por unanimidad.
“La información emergente del ejercicio de esa función en un ciclo lectivo determinado ha debido ser, necesariamente, producida por la administración durante el normal desempeño de sus actividades”, afirmó la magistrada Marcela De Langhe. Y concluyó: “Admitir lo contrario equivale a asumir que el Ministerio de Educación de la Ciudad no cuenta con la información vinculada a la inscripción de los niños y niñas a los establecimientos educativos públicos, ni a los motivos por los cuales las vacantes fueron asignadas a quienes finalmente las usufructuaron”.
A pedido del abogado, los fondos de las cuentas de Soledad Acuña se donarán a dos cooperadoras.
Avanza la eliminación de profesorados en CABA
A su vez, la educación porteña tiene otra limitación impulsada por la gestión de Soledad Acuña. En las vísperas de Navidad, el Gobierno porteño cerró la cohorte 2023 en las instituciones de formación docente.
La Unión de Trabajadores de Educación (UTE) informó que esta decisión afectó a más de 400 aspirantes que se habían inscripto para cursar profesorados en los colegios Mariano Acosta y Alicia Moreau de Justo de CABA.
De esta manera, el sindicato confirmó que no abrirá la cohorte 2023 del profesorado de Física ni de Lengua y Literatura del colegio Mariano Acosta y Alicia Moreau de Justo. A su vez, señaló que tampoco se abrirá la inscripción complementaria ni de validación para la carrera de Psicopedagogía de este último instituto.
«Con estas medidas desde el Ministerio de Educación del GCBA pretenden cercenar el derecho de más de 500 aspirantes que ya se inscribieron en las mencionadas carreras, una de las cuales es la única propuesta pública en su tipo», indicaron en un comunicado. Y declararon «el estado de alerta».
Por su parte, la secretaria General de Ute y CTERA advirtió en diálogo con AM870 que junto a «otros sindicatos y con el estudiantado» se realizará «una movilización en el transcurso de esta semana».
«La comunidad educativa no va a convalidar esta política de cierre y atropello a nuestras carreras», agregó.
Nota con información de Tiempo Argentino