Entre el 1 y 2 de enero de 2022 murieron 24 peronas al intoxicarse por el consumo de cocaína adulterada en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham. Por el hecho, no hay detenidos ni imputados, ni hay una investigación vigente para determinar qué pasó y la vinculación con una organización narcotraficante.
Según detalló la agencia de noticias Télam, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín dictó «falta de mérito» para los cinco detenidos que habían en la causa que investiga 11 de las 24 muertes.
La cocaína adulterada
Los primeros días de febrero el Ministerio de Salud bonaerense emitió una «alerta epidemiológica» después de que ochenta personas fueran hospitalizadas por el consumo de la cocaína adulterada con carfentanilo, un estupefaciente distribuido desde la «Puerta 8», un asentamiento de Tres de Febrero.
Las autoridades de salud informaron sobre «la identiicación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína». La alerta se extendió por Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.
En esa línea, desde Seguridad solicitaron que se «descarte la droga» comprada en las últimas 24 horas.
Se comprobó que la cocaína estaba mezclada con carfentanilo. Un poderoso opioide 10.000 veces más poderoso que la morfina, usado para sedar elefantes.
La vinculación entre la policía y «El paísa»
Sergio Berni apuntó a un presunto líder narcotraficante que había distribuido la cocaína adulterada. Se trata de Joaquin Aquino, también conocido como «El Paisa».
En un principio, la justicia determinó que Maxi Alí Alegre, más conocido como Alicho, es quién se encarga de mandar sicarios a donde su jefe de seguridad, el «Gordo Blas», necesita. Pero no están solos, un grupo de policías bonaerenses habrían formado parte de su organización.
Alegre sigue manejando a su banda desde la cárcel con al menos cinco policías bonaerenses y federales como cómplices. Además de de su lugarteniente, Lucas H, alias Maluma. Este último alquila un departamento sobre Av. Libertador, en Belgrano y con autos de alta gama se encarga del tráfico de sustancias en las zonas de San Martín y Loma Hermosa.
Según la investigación, Alicho sería el verdadero dueño de la cocaína adulterada que se vendió en Puerta 8, Villa 18, Villa El Gaucho y barrio Lanzone.
Tres causas judiciales demuestran que Alicho está por encima de Joaquín «El Paisa» Aquino quien fue detenido al día siguiente de que ocurriera la primera de las 24 muertes por envenenamiento.
Un día después del hecho, detuvieron al Paisa por disposición del fiscal federal de San Martín, Paul Starc. Sin embargo, en la investigación no se halló ninguna relación entre Aquino y la droga.
Sin embargo, permanece detenido acusado de liderar una banda narco que operaba en San Martín.
Policías cómplices y millonarios
En su momento, para la Justicia ninguno de los dos podría haber desarrollado la actividad del narcotráfico sin contar con protección policial. Según fuentes de la investigación, en el organigrama de la banda de Alicho figuran, al menos, cinco policías.
Un policía conocido como “Tierno” se encargaba de retirar el dinero de los puestos de venta en Puerta 8, Lanzone, El Gaucho y Villa 18. Hasta que se desencadenó la crisis de la cocaína adulterada, el Tierno concurría personalmente a retirar el dinero en los cuatro puestos de venta de droga.
Este policía se encargaba de juntar el dinero de la coima para la Jefatura Departamental, el Comando de Patrullas y la División Narcotráfico de la zona. Pero el aporte de la banda narco no se quedaba en las tres dependencias mencionadas.
Detenidos y sobreseídos
La vinculación entre Alicho y El Paisa está probada en dos expedientes que se instruyeron en la Justicia federal de San Martín. Por uno de esos sumarios, a Alicho se lo condenó por tráfico de drogas.
Al Paísa se lo señaló como uno de los punteros que se dedicaba al comercio de estupefacientes en la villa Loyola y como integrante de una “organización» que era liderada por Alegre.
En un inicio, también quedaron detenidos Iván David Avalos, Nicolás Matías Campos, Luis Alberto Rodríguez, Mauricio Adrián Balcarce y Héctor Gabriel Faundez. Se lo acusaba del delito de «homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso» por el jues de San Martín.
Un mes después la causa pasó a la Justicia Federal. En octubre de 2022, los imputados fueron sobreseídos. Según definió la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, «la prueba reunida no avaló en forma suficiente la tesitura de que los justiciables hubieren tenido en sus manos el curso causal de los acontecimientos».
Además, afirmaron que no se identificaron en el punto de venta de Puerta 8. Asimismo, no descartaron su vinculación con el bunker.