“Parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela”, sostuvo Néstor García, padre de Micaela en la Cámara de Diputados de la Nación el 6 de mayo del 2020, meses después de que se concrete su aplicación.
La ley que lleva el nombre de Micaela García se extendió la formación en perspectiva de género a otros espacios por fuera del Estado. Entre ellos clubes y cárceles.
“Nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela”
NÉSTOR GARCÍA, PADRE DE LA VICTIMA
El femicidio de la joven de 21 años ocurrió el 1° de abril del 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay. Un hombre que transitaba una libertad condicional fue quién la asesinó.
A partir de allí un equipo de abogadas, con el acompañamiento de la familia de la víctima y de organizaciones feministas, terminaron de delinear los alcances del proyecto que comenzó su debate en Diputados el 18 de diciembre del 2018 y obtuvo sanción completa un día después, en el Senado. Hubo unanimidad casi plena en ambas Cámaras, salvo por un voto: el diputado salteño Alfredo Olmedo.
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¿De qué trata la formación de la Ley Micaela?
La Ley N° 27.499 de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres contempla la formación de todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta forma, los espacios pedagógicos se dispusieron para que los trabajadores estatales puedan intervenir adecuadamente en contextos de violencia o desigualdad de género.
Las formaciones incluyen ejes sobre el marco normativo nacional e internacional; conceptos básicos sobre la identidad de género; las dimensiones de las violencias por motivos de género en un plano estructural; y las modalidades sugeridas para intervenir desde el Estado.
Esto determina que las principales autoridades y sus equipos de trabajo no puedan argumentar desconocimiento con respecto a la transversalidad del género y la diversidad en todas sus decisiones, sino que más bien entiendan las implicancias de sus medidas y cuenten con nuevas herramientas para ejecutarlas.
Ley Micaela y una reforma necesaria de la Justicia
Una de las demandas más importantes de la Ley Micaela tiene que ver con pensar la perspectiva del acceso a la Justicia. Se habla de la revictimización que existe en ese proceso, pero concretamente, ¿De qué se habla cuando se habla de una reforma judicial con perspectiva de género?.
Victoria Obregón, directora nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, explicó que cuestan los diálogos con el Poder Judicial porque hay sentidos que se construyen en el marco de la autonomía de cada poder que hacen que cueste empezar a pensar por qué es importante una formación.
“Cuando hablamos de lo que aporta una reforma judicial o por qué pensamos que es importante, creo que ayuda pensar las instancia de formación, sino también quiénes están participando y cómo llegan. Cómo se escucha o cómo se está garantizando las voces de quienes necesitan de las instituciones de Justicia. Es muy amplio pensar el acceso a la Justicia y su estructura. Da mucho trabajo sensibilizar a quienes habitan esos espacios en una clave de pensar la interseccionalidad en esa función, que quiere decir que cuando una persona se acerca a cualquier espacio del Poder Judicial está determinada por género, color de piel, edad u origen. Creo que sumaría pensar propuestas que ayuden a remover los patrones socioculturales y los estereotipos que siguen inmersos en las decisiones del Poder Judicial”, sostuvo en diálogo con el medio digital Ámbito Financiero.
El femicidio de Micaela
Micaela era estudiante, militante, joven, mujer. Estudiaba Educación Física, militaba en el Movimiento Evita y vivía su vida como cualquier persona de 21 años. Un día, el 1 de abril de 2017, salió de un boliche en Gualeguay y no se supo nada más. Una semana después, su cuerpo fue hallado cerca de la ruta nacional 12.
Los peritajes lanzaron que había sido violada y estrangulada el mismo día que desapareció. El responsable fue Sebastián Wagner, un hombre de 31 años que ya contaba con una denuncia por violación. Asimismo, había sido encarcelado Néstor Pavón por su encubrimiento.
En junio de 2019 Wagner recibió una condena a prisión perpetua de la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, también ordenó anular la sentencia de Pavón y solicitó que se someta a un nuevo juicio oral. Por una camioneta que la justicia aceptó como alternativa a la caución de $1.000.000 que le había sido interpuesta, recuperó su libertad el 4 de septiembre de 2020.