La Justicia de Córdoba avanza en la criminalización de la protesta

El fiscal cordobés Ernesto de Aragón imputó a las agrupaciones que cortaron calles y rutas para protestar por la pobreza y el hambre en la provincia. Hasta ahora, hay seis identificados.

En el marco de las movilizaciones llevadas a cabo el miércoles en la ciudad de Córdoba por parte de Unidad Piquetera y el Polo Obrero, el fiscal Ernesto de Aragón resolvió imputar a los manifestantes que cortaron los accesos a la capital provincial.

Aragón consideró como “deliberada” la decisión de las organizaciones sociales de bloquear completamente las calles de la ciudad tras el habeas corpus que empezó a regir desde la semana pasada que lo prohíbe. De esta manera, iniciará acciones penales al considerar que se constituyó un delito y trabaja para identificar a través de las cámaras de seguridad a todas las personas que participaron de la protesta.

Entre los principales imputados se encuentra el dirigente del Polo Obrero Córdoba, Emanuel Berardo, quién en diálogo con medios locales sostuvo que no fue notificado.

“No fuimos notificados. Respecto al habeas corpus, nunca escucharon la voz de los desocupados acá ni en la Legislatura. Pretenden limitar el derecho a la protesta en un país donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 57% de los pibes pasan hambre”, dijo Berardo a Cadena 3.

El derecho a la protesta, la alimentación, la salud y la educación de los pibes debe ser garantizado. Si no son garantizados, se debe reclamar para que se garantice”

“Veremos con nuestros compañeros, que son abogados, este tema de la imputación. No estamos en ninguna ilegalidad, en todo caso será una contravención. El derecho a la protesta, la alimentación, la salud y la educación de los pibes debe ser garantizado. Si no son garantizados, se debe reclamar para que se garantice”, concluyó. 

 

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