En plena campaña política, el gobierno porteño decidió implementar un nuevo “servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene urbana de la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Sin embargo, la licitación por $1.525 millones para implementar el programa ya fue intervenida por la Justicia a favor de un amparo colectivo.
El acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa tercerizada encargada de la tarea, era simple. El contratista tenía que constatar las condiciones vinculadas con la limpieza del espacio público de todas las cuadras de la ciudad y la “percepción” de higiene urbana. Asimismo, debían comunicar a través de fotografías los “hallazgos” que identifiquen, a modo de certificación.
Estos hallazgos mencionados, al igual que las “incidencias” que podían “afectar” esa percepción de limpieza parecen no tener nada de problemático. Sin embargo, lo insólito es que para la Ciudad de Buenos Aires la basura, los autos, los volquetes abandonados, las personas en situación de calle y los cartoneros que estén recolectando materiales comparten la categoría.
Si bien la idea no resulta refractaria para el electorado del PRO en la Ciudad, la nueva política de “higiene urbana” vulneraría por completo todos los derechos y garantías con jerarquía constitucional de las y los ciudadanos. Precisamente, por el método de identificación fotográfica de sujetos en situación de vulnerabilidad.
😳 Para Larreta los indigentes y cartoneros “afectan la higiene urbana”. Larreta cartoneros: https://t.co/rwqe0NeBRY
— #ElNumeral (@ElNumeral_) April 26, 2023
Los mismos cartoneros lograron frenar a Larreta
El amparo colectivo para suspender esa licitación fue encabezada por la Federación de Recicladores Urbanos. Además de diferentes cooperativas de trabajo que desarrollan su actividad en el ámbito porteño como la organización Proyecto 7, dedicada a personas que viven en la calle, y la Asociación Civil Isauro Arancibia.
Los tres grupos sostienen que el proyecto infringe Derechos Humanos de jerarquía Constitucional. Entre ellos, el Derecho a la Igualdad y el Derecho a la no Discriminación.
Además, al no tener ningún tipo de política pública de auxilio a las personas en situación de calle, se sospecha que solo se trata de una finalidad estética. Lo que podría complementarse con desalojos.
Nunca tan rápido el equipo de Larreta
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se encontró que el sorteo de la demanda quedó a cargo de su enemigo judicial, el juez Roberto Andrés Gallardo, uno de los magistrados.
Subrogado por su colega Patricia López Vergara, el amparo colectivo ya tuvo sus primer dictamen: el Ministerio Público Fiscal de CABA conducido por Juan Bautista Mahiques ya dictaminó por el rechazo “in límine” del amparo.
Además, a Vergara le llamó la atención otro aspecto crítico del proyecto y la velocidad con la que se intentó llevar adelante la licitación.
En el transcurso de tan solo dos meses, se realizó el llamado a licitación; se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones; se presentaron las ofertas, se abrieron los sobres y se “pre-adjudicaron” los montos. Por casi mil millones de pesos, dos empresas se pueden poner a trabajar a partir del mes siguiente en ejecutar los controles fotográficos.
López Vergara dictó una medida precautelar y suspendió todo el proceso. Asimismo, intimó al Gobierno de la Ciudad a que en un lapso de 5 días presente los antecedentes que dieron origen al trámite administrativo de la licitación.
Por último, ordenó que se libren edictos en el Boletín Oficial. De esta manera, todos aquellos que puedan percibir que sus derechos son vulnerados se pueden presentar al expediente a denunciar.
La licitación depende del Dirección General de Limpieza, que a su vez integra la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público porteño. Su presupuesto exacto es de $1.525.990.897,15.