La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido del fiscal a cargo de la investigación por el atentado a la Vicepresidenta para que se secuestrara el o los celulares que usó el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, durante los últimos meses.
La medida había sido solicitada luego de que Ivana Bohdziewicz, ex secretaria de Milman, relatara que tanto ella como su compañera investigada habían ido en noviembre a un oficina que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, donde habrían sido manipulados sus celulares.
“En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, @PatoBullrich; es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave. En el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Capuchetti Milman https://t.co/i8kvzPWDLY
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 8, 2023
La declaración de la joven se produjo el viernes pasado, cuando Bohdziewicz se presentó espontáneamente en los tribunales federales de Comodoro Py y pidió ampliar su declaración testimonial en ese momento porque dijo que se sentía presionada por Gómez Mónaco, quien se había enterado de su voluntad de volver a prestar testimonio.
Tanto Bohdziewicz como Mónaco son testigos en el marco de la denominada “Pista Milman”. Ambas acompañaban el 30 de agosto pasado al diputado, dos días antes del intento de magnicidio a la Vicepresidenta, cuando habría pronunciado la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”.
⭕ EXCLUSIVO
◾ Ataque a Cristina Kirchner: Nuevos testigos señalan al diputado Gerardo Milman
🗣️ «Cuando la maten, estoy camino a la Costa», habría dicho el diputado.
🐦 Opiná con #PrivilegiosParaPocos
[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/UhWRybEMxd
— C5N (@C5N) October 26, 2022
Por su parte, la magistrada recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado, algo escrito en el expediente por la propia fiscalía. Por lo que resolvió no hacer lugar al secuestro del celular del funcionario.
En ese sentido, la jueza sostuvo que para avanzar con medidas como la del secuestro del télefono, debería efectuarse mediante “una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”.
“Hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado”, concluyó.