Durante las últimas horas, el juez Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa “la ruta del dinero”.
El magistrado coincidió con el fiscal Guillermo Marijuán, que luego de tener durante más de diez años ese caso en sus manos, determinó que nunca hubo pruebas contra la exmandataria. En su fallo, el juez hizo caso a “la solicitud del acusador y titular de la acción penal”, es decir de la fiscalía. Por ello, determinó “sobreseer” a la Vicepresidenta de las imputaciones por las que había sido procesada.
A la hora de explicar la decisión, el magistrado consideró que se cumplieron los requisitos de “razonabilidad y legalidad”. Además, mencionó que se encontraba “satisfecho”, por haber cumplido con “el ordenamiento legal” de análisis e interpretación de los elementos que obran en el expediente y que, tal como se reveló la semana pasada, no aportaron pruebas para hacer lugar a la imputación.
En otras palabras, el juez no encontró ni una sola prueba que evidenciara la participación de CFK con el lavado de dinero por el cual fue condenado el empresario Lázaro Báez.
De esta manera, el magistrado le puso punto final a otro de los escandalosos procesos contra la dirigente política. Uno de los tantos donde un sector del Poder Judicial intentó instalar especulaciones por sobre el aporte de pruebas de presuntos delitos. Siempre, aliado con los medios de comunicación hegemónicos, como suele pasar.
Qué dice la resolución
La resolución de Casanello decretó “el sobreseimiento de Cristina Elisabet Fernández en orden a los hechos por los cuales fuera indagada”. Y declaró que “la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor que hubiera gozado”.
En sus fundamentos, el juez se hizo eco del retiro de la acusación contra Fernández de Kirchner que Marijuan presentó el 24 de mayo último. Allí dio por cerrada la investigación abierta hace siete años tras considerar “agotadas las medidas de prueba para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.
“Sin acusación no hay proceso penal posible”, determinó Casanello en su escrito de tres páginas.