El 7 de septiembre de 1990, una joven de 17 años salió a bailar y se encontró con su novio pero nunca más volvió a su casa. Tres días más tarde la encontraron brutalmente asesinada en las afueras de la capital de la provincia de Catamarca, con indicios de que su cuerpo había sido sometido a todo tipo de vejaciones. La victima se llama María Soledad Morales y ella iba a un colegio de monjas, se la veía sonriente y rodeada de amigas. Su caso conmovió a todo el país.
Desde el principio fue notoria la velocidad con la que se buscó probar una supuesta hipótesis y dar por cerrada la investigación. Tal es así que el propio jefe de la policía, Miguel Ángel Ferreyra, ordenó que lavaran el cadáver, eliminando así pruebas fundamentales. Más tarde, entre muchos otros descubrimientos estremecedores, se revelaría que era el padre de uno de los asesinos.
María Soledad Morales y “los hijos del poder”
Este tipo de irregularidades fueron las expusieron que el poder provincial estaba involucrado y protegiendo a los autores del asesinato. Sus apariciones mediáticas denotaban una impunidad absoluta. “Los hijos del poder” comenzaron a llamarlos.
Frente a este panorama, la provincia entera comenzó a movilizarse en las denominadas “Marchas del Silencio”. La primera se llevó a cabo el 14 de septiembre de 1990 y rápidamente se entendieron por todo el país.
Las denuncias repetían lo mismo: María Soledad estaba drogada en un boliche y la subieron a un auto con varios hombres.
Sin embargo, la demanda social no apuntaba al crimen como un femicidio o caso de violencia de género, sino que se concentró más en un hecho de “corrupción”. Sobre todo porque, en ese contexto, el poder provincial y judicial parecía manejar la provincia. Tal es así que, entre los nombres de los asesinos aparecían Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, y Pablo y Diego Jalil, casualmente sobrinos del intendente.
Los únicos presos fueron Luis Tula y Guillermo Luque, ambos actualmente en libertad
Todo lo que rodeó el caso fue un escándalo y, por esto, pasaron a retiro a gran parte de las autoridades de la policía local. Tiempo después, Luis Patti, represor durante la última dictadura militar, fue enviado desde Buenos Aires para investigar el caso, pero su complicidad con el aparato catamarqueño fue alevosa desde un primer momento.
Finalmente, los únicos presos fueron Luis Tula y Guillermo Luque. Hoy ambos están en libertad. Sin embargo, el caso marcó un antes y un después en la visibilidad sobre este tipo de crímenes, donde la víctima es una mujer, aunque su marca más importante es la de una sociedad rompiendo el silencio para interpelar al poder.
Con información de Télam