La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción por amplia mayoría a la llamada Ley Olimpia, una normativa que busca incorporar la violencia digital como otra modalidad de violencia de género a la actual Ley 26.485. Ahora el proyecto deberá ser votado por el Senado.
La normativa, también sanciona la creación de políticas públicas para la educación digital y prevé medidas cautelares de protección, como la posibilidad de que la justicia ordene que se bajen contenidos violentos. Su nombre hace referencia a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, que, tras sufrir violencia digital por parte de una expareja, inició una lucha durante siete años para crear y promover una ley nacional que penaliza estas prácticas.
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La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Brenda Vargas, sostuvo en diálogo con El Numeral, que es sumamente importante visibilizar este tipo de violencias ya que “con el paso del tiempo, la permanencia de las personas en las redes sociales fue aumentando y por ende, las agresiones también”.
“No sólo en términos de pornovenganza o ruptura de la intimidad sexual de las mujeres en los medios digitales, sino también la coartación de las libertades, por ejemplo, la libertad del pensamiento y la libertad política”, agrega mientras sostiene que hay un aumento indiscriminado de violencia política en medios digitales hacia muchas de sus compañeras.
“Hubo un aumento indiscriminado de violencia política en medios digitales hacia muchas de nuestras compañeras, y no tan compañeras también”
BRENDA VARGAS, DIPUTADA NACIONAL DEL FRENTE DE TODOS
Mientras se aguarda la incorporación al Código Penal del tratamiento de la Ley Belén, inspirada en el caso de Belén San Román, quien fue inducida al suicidio luego de sufrir la difusión no consentida de material íntimo. El proyecto de Ley Olimpia, busca reconocer la violencia digital como un tipo de violencia de género en la ley 26.485 que se sancionó en 2009.
“Al visibilizar este tipo de violencias podemos empezar a contemplar políticas públicas que acompañen, asistan, asesoren y capaciten a quienes deben llevar esta tarea, a quienes han sido víctimas de violencia digital o a quienes pueden serlo, con la importancia que puede llegar a tener una campaña de prevención”, explica.
Según relata la funcionaria, cualquier tipo de violencia de género es identificable como una ruptura del cumplimiento de sus derechos humanos. “En términos personales, creo que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de una ruptura de la dignidad de esa mujer. Puntualmente, en el caso de las violencias digitales, también hablamos de una ruptura de su intimidad, de su libertad y de una serie de vulneraciones que aumentan a gran escala”, destaca.
Por último, la diputada Vargas destaca que gracias a la Ley Olimpia, una vez aprobada en la Cámara alta, los jueces podrán ordenar la remoción de contenidos digitales como medida de protección para las victimas.
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La iniciativa, que pretende modificar la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, tuvo 191 votos a favor, dos negativos y una abstención. Quienes se opusieron al proyecto, para sorpresa de nadie, fueron el diputado y precandidato a presidente Javier Milei y su compañera Victoria Villarruel.
Al respecto, la diputada Brenda Vargas sostiene: “votaron los 9 proyectos de la sesión en contra, al igual que la izquierda, que en 7 se abstuvieron. Me parece claro que tanto Milei como Villarruel no consideran que el Estado deba hacerse cargo de la vulneración de derechos que sufren los argentinos y las argentinas. Es la gran diferencia que tienen con nuestro espacio político. Nosotros consideramos que desde nuestro lugar podemos cambiarle realmente la vida, en este caso, a una mujer víctima de violencia”.
“Están más preocupados por salir en los medios a decir cuánto habían cobrado una candidatura o cuánto no la habían cobrado, que interesarse realmente en lo que estábamos hablando dentro de la cámara”
BRENDA VARGAS, DIPUTADA NACIONAL DEL FRENTE DE TODOS
“Ellos fueron claros en sus propuestas, buscan un recorte y ajuste, prioritariamente sobre estos espacios que han defendido y han generado propuestas de prevención y asistencia hacia las mujeres y diversidades como son los ministerios, tanto nacionales como provinciales, al igual que las áreas municipales que se fueron creando con el paso del tiempo”, agrega.
“Están más preocupados por salir en los medios a decir cuánto habían cobrado una candidatura o cuánto no la habían cobrado, que interesarse realmente en lo que estábamos hablando dentro de la cámara”, destaca.
“Consideramos que, desde nuestro lugar, podemos cambiarle realmente la vida a una mujer víctima de violencia”
BRENDA VARGAS, DIPUTADA NACIONAL DEL FRENTE DE TODOS
“Esto no solo sucede en La Libertad Avanza, sino que en términos generales me gustaría que todos los bloques, así como lo hace el Frente de Todos, estuviesen más preocupados por lo que pasa adentro que por la campaña que vivimos de la puerta para afuera. La mayoría de los diputados y las diputadas que no estaban, estaban en algún acto de campaña o alguna entrevista de medios hegemónicos, en vez de estar ahí adentro en el recinto acompañando la discusión, el debate y la votación”, concluye.
Qué dice la iniciativa que busca reconocer la violencia digital
El proyecto de violencia digital plantea que se entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.
La iniciativa establece la implementación de un servicio telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinado a dar contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de violencia contra las mujeres en el espacio público, es decir, acoso callejero.
Además, plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente.
La próxima batalla para lograr una real equidad de género
La diputada nacional Brenda Vargas destaca un proyecto que se aprobó al igual que el que reconoce la violencia digital cómo violencia de género. Se trata de la derogación de la Ley 11.317 y del decreto 2.699 sancionado en mayo de 1925. La misma prohibía la participación de mujeres en ciertas áreas laborales, como por ejemplo, el trabajo portuario, subterráneos, trenes.
“Gracias a la normativa sancionada hace casi 100 años, las mujeres tienen prohibido trabajar en estas tareas de carga o de peso que se consideraban en ese entonces insalubres. Lo mismo sucede, en la nocturnidad, con tareas que no fueran, por ejemplo, espectáculos o áreas dentro del sistema de salud”, destaca Vargas.
“Según esta ley, las mujeres y los niños comparten las mismas prohibiciones laborales. Es una situación de extrema vulneración de derechos. Buscamos que este tipo de trabajos sean prohibidos para menores, pero que las mujeres que desean habitar estos espacios puedan hacerlo, sin ningún inconveniente”, concluye.