El Gobierno reglamentó la ley 27.669 que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del decreto 405/2023, publicado en el Boletín Oficial. La medida se formalizó 15 meses después de la sanción de la ley en el Congreso, el 5 de mayo de 2022.
La norma, que se publicó este lunes, establece el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal y del Consejo Consultivo Honorario, que estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación ad honorem.
Además, adopta el sistema de Ventanilla Única para la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal. Esta iniciativa apunta a la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias.
Entre otras cosas, «tiene por objetivo principal proporcionar una mayor eficiencia en las gestiones y trámites». Entre otras cosas, se podrá unificar procedimientos administrativos y expedientes. Además, «dar intervención a los organismos con competencias específicas involucrados y facilitar el acceso y difusión de la información de manera homologada, estandarizada, actualizada e integrada«.
Por su parte, la ley determinó que la Ariccame será «el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas». Incluye a las semillas de la planta del cannabis, al cannabis y sus productos derivados. De esta manera se garantiza «el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial», indica la ley en su primer artículo.
Las tareas de la Aricamme
La Aricamme tendrá la función de regular todo el proceso. «La importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales», detallan.
Asimismo, tendrá a su cargo «la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis». También «su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado y habilitado».
Al presentar la ley en mayo del año pasado en un acto en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández la consideró «un paso en el acceso al derecho a la salud». A la vez, afirmó que es «un triunfo de la sociedad contra la hipocresía».
«El cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida; pero las voces de unas madres llamaron la atención de muchos: podían resolver los problemas de la gente», aseguró Fernández. También agregó que con esta ley se podrá «ayudar a resolver la salud de mucha gente que lo necesita».