El Tribunal Oral Federal de General Roca, en Río Negro, dio inicio este martes al juicio que sigue a cinco integrantes de la Prefectura Naval Argentina por el asesinado del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Bariloche.
Al comenzar esta instancia judicial, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió que los imputados sean detenidos al considerar que existe “riesgo procesal” de una posible fuga. Sin embargo, el presidente del Tribunal, Alejandro Silva, tras un cuarto intermedio para analizar los pedidos, informó que por unanimidad los magistrados resolvieron rechazarlos, al considerar que los acusados “han estado siempre a derecho”.
El planteo fue acompañado por las querellas ejercidas por los abogados de la familia de Nahuel, la APDH Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado. Dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”.
Hoy comenzó el juicio oral y público por el asesinato de Rafael Nahuel, la @SDHArgentina es parte querellante en la causa. pic.twitter.com/xCSUlwQcAM
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) August 15, 2023
Durante las primeras audiencias, estuvieron presentes los padres de Rafael, Alejandro Nahuel y Graciela Salvo. Mientras que los cinco imputados: Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, participaron de forma virtual.
La familia exige que se presenten los imputados
La audiencia del martes comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte del secretario del Tribunal, presidido por el juez Alejandro Silva.
El abogado Rubén Marigo, representante de los padres de la víctima, planteó al Tribunal que se exija a los imputados y al abogado defensor de tres de ellos, Marcelo Hugo Rocchetti, “estar presentes en la sala de audiencia”, ya que durante toda la jornada de la mañana de este martes mantuvieron sus cámaras de Zoom apagadas. “Debemos tener garantías que están presentes, para evitar futuras nulidades”, explicó.
Marigo reiteró el pedido para que el juicio se traslade a San Carlos de Bariloche, a 600 kilómetros de General Roca. “Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó.
Finalmente, al concluir la primera parte de la audiencia y en la puerta del Tribunal, los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes y ratificaron el reclamo. “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló el padre de Rafael.
“No quieren dar la cara en el juicio”
GRACIELA SALVO, MAMÁ DE RAFAEL NAHUEL
Graciela Salvo, mamá de la víctima, dijo que “ellos tienen recursos, plata, pero no vinieron. Sí fueron a Bariloche a matar a Rafita, pero ahora no quieren dar la cara en el juicio”.
En simultáneo, en una plaza céntrica de la ciudad de General Roca, un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades mapuches se manifestaban en reclamo de justicia. Allí, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, aseguró que “hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche, implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia para protestar por este asesinato”. Además, el dirigente mapuche cuestionó el tiempo transcurrido desde el asesinato hasta el desarrollo del juicio.
Finalmente, la primera jornada del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel concluyó con la lectura de la acusación de la querella, ejercida por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Przybylski, que solicitó que el cabo primero Sergio Cavia sea imputado como “autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.
“Hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche, implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia”
ORLANDO CARRIQUEO, VOCERO MAPUCHE
Además, solicitó que se contemple el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado, en contra de Johana Colhuan y Gonzalo Coña, dos jóvenes que fueron heridos por los disparos de los uniformados.
Por último, para Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, la querella reclamó que sean imputados en juicio como “partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con el delito de coautor de tentativa de homicidio doblemente calificado”.
Para los acusados, a Nahuel lo mataron sus compañeros mapuches
Durante la audiencia del miércoles, los acusados de matar a Rafael Nahuel aseguraron que la bala salió de un arma del grupo mapuche que lo acompañaba. Además, sembraron dudas sobre el resultado final del juicio.
Afuera del edificio de los tribunales, nuevamente había custodia de Gendarmería y Policía Federal. Y, a pocos metros, organizaciones que reclamaban justicia por el joven mapuche.
En el lugar donde mataron a Nahuel se encontraron 130 vainas. La fiscalía insiste en que una de esas fue la que ingresó por la espalda de Nahuel y lo mató. Como la bala ingresó por la espalda, “no tengo duda que lo mataron sus compañeros”, aseguró Francisco Javier Pintos, el único prefecto que estuvo detenido por el crimen.
Luego, explicó que ellos estaban “disparando de frente”. “No existe una certeza en cuanto a cuál fue el arma que disparó el proyectil que mató a Nahuel. Estoy convencido que el disparo que terminó con su vida provino de sus compañeros”, insistió.
Mediante zoom, esta vez con la cámara prendida, Pintos criticó la realización del juicio. “Nos cagaron a tiros y acá estamos como cinco delincuentes”. Sin embargo reconoció que disparó cinco veces “en cumplimiento del deber de una orden judicial”. “Abrimos fuego hacia las tres personas que individualizamos disparándonos”, justificó.
El día del asesinato
El 23 de noviembre de 2017, las fuerzas federales desalojaron con violencia a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que había recuperado unas tierras reivindicadas como ancestrales en la zona de Mascardi. Precisamente 10 hectáreas, de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi.
El operativo se enmarcó en una campaña contra las comunidades mapuches encabezada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Frente a la violenta represión, algunos integrantes de la comunidad huyeron a las montañas cercanas. Por lo que, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio la orden de perseguir a quienes habían escapado de la violencia policial y para ello desplegó al grupo Albatros, un equipo entrenado y armado para intervenir en situaciones de alto riesgo, no en conflictos sociales.
📌Comienza el juicio por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en Villa Mascardi en 2017.
Es una oportunidad para esclarecer qué pasó y fijar límites claros al accionar de las fuerzas de seguridad contra quienes se manifiestan por sus derechos.
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El 25 de noviembre los prefectos encontraron a un grupo de jóvenes en las montañas y realizaron, al menos, 130 disparos de balas de plomo. Hirieron a cuatro personas y causaron la muerte de Rafael Nahuel.
Según se desprende de la instrucción de la causa, tras dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, los efectivos recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo.
Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5 y el proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo del joven mapuche.
En el juicio, los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó todos los límites legales de acción ante una situación así.
Con información de Télam