Comienza el procesamiento al exgerente de Mercedes Benz

Los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma consideraron que Juan Ronaldo Tasselkraut debe dar explicaciones por lo sucedido en la planta bonaerense durante la dictadura.

Fue en noviembre de 2001, cuando en un Juicio por la Verdad, Juan Ronaldo Tasselkraut respondió sobre la relación entre el aumento de la productividad de la empresa Mercedes Benz (de la que él era gerente de producción) y los secuestros de un grupo de operarios en plena dictadura.

“Milagros no hay”, fue la frase que pronunció. Se trató de un reconocimiento tácito de la responsabilidad de parte del empresariado con los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, durante más de 20 años no debió dar explicaciones. Finalmente, esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su procesamiento por el secuestro de dos trabajadores de la planta automotriz.

La investigación sobre los secuestros de trabajadores en la planta de González Catán está por cumplir dos décadas en la justicia. En abril del año pasado, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, sobreseyó a Tasselkraut, quien pudo respirar aliviado durante unos meses. Sin embargo, la calma no duró mucho.

En octubre, la Cámara Federal de San Martín revocó en parte el fallo de la magistrada. Tasselkraut estaba imputado por lo que había pasado con siete operarios de la automotriz que fueron privados de su libertad y llevados a Campo de Mayo. Para el tribunal de apelaciones, había mérito para procesarlo por solo dos secuestros y, por ende, lo sobreseyó en cinco casos.

Tasselkraut está procesado por los secuestros de Héctor Ratto y de Diego Núñez, que está desaparecido. Los dos fueron secuestrados en agosto de 1977 y, según se reconstruyó gracias al testimonio de Héctor Ratto, fue Tasselkraut el que proveyó información para que las privaciones ilegales de la libertad se concretaran y les permitió a los grupos de tareas operar dentro de la planta.

El testimonio de Héctor, fundamental para la investigación

Según el relato de Ratto, el 12 de agosto de 1977, participó de una asamblea dentro de la fábrica. Cuando volvió a su lugar de trabajo fueron a buscarlo unos empleados de seguridad de la empresa. Primero le dijeron que lo llamaban desde su casa. Sin embargo, después le avisaron que tenía un permiso para salir de la planta e ir hasta su domicilio. Estaban evidentemente interesados en que saliera de la fábrica. Sus compañeros de trabajo advirtieron el peligro y fueron ellos hasta la casa para chequear que todo estuviera bien.

Al rato, Tasselkraut apareció y le dijo a Héctor Ratto que no había existido tal llamado, sino que había dos personas de civil que querían llevárselo detenido. El gerente le pidió al operario que lo acompañara a su oficina. Allí, se encontró con los dos agentes de civil y les preguntó por qué lo querían detener. Tasselkraut le dijo que tenía su palabra de que no se lo llevaría nadie que no vistiera uniforme. Mientras esperaba, Ratto escuchó que pasaban la dirección de su compañero Núñez, que ya había estado secuestrado y había sido liberado con anterioridad. Pero esa vez, Núñez no tuvo la misma suerte, continúa desaparecido.

Ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Ratto siempre contó lo mismo. El exgerente venía pidiendo su sobreseimiento en el expediente de la mano de su abogado defensor Jorge Valerga Aráoz, excamarista del Juicio a las Juntas, y finalmente lo consiguió en abril del año pasado. Pero la decisión no era correcta y duró menos de un año.

Según asegura Alejandro Slokar, uno de los integrantes de la Sala II de Casación que confirmó el procesamiento, el ataque a este sector no fue azaroso, sino que estaba dirigido a desmembrar una estructura que podría perjudicar el plan económico de la dictadura.

“Se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero”

ALEJANDRO SLOKAR, CAMARISTA

“Entre los propósitos básicos del golpe de Estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas”, sostuvo.

Actualmente las tres querellas que intervienen en la causa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos y la que encabeza Pablo Llonto, vienen reclamando que se avance sin dilaciones hacia el juicio oral.

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