La Justicia Federal de Tucumán proceso a los titulares de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía por encubrimiento en el caso de María de los Ángeles “Marita” Verón, desaparecida hace 21 años, en el marco de la investigación que busca determinar si está muerta.
Se trata del secretario general nacional, Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes ya prestaron declaración indagatoria en los tribunales federales de la provincia. Según informaron mediante un documento oficial, se les negó los planteos de sobreseimiento efectuados por los abogados defensores y se ordenó el procesamiento sin prisión preventiva en contra de ambos al considerarlos autores penalmente responsables del delito de “encubrimiento agravado en relación al delito de trata de personas con fines de explotación sexual”.
Asimismo, se determinó trabar un embargo sobre bienes de propiedad de ambos imputados hasta cubrir la suma de $5.000.000 por cada uno “para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito”.
Más información
Un mes atrás, precisamente el 9 de agosto, Susana Trimarco, su madre, convocó a una conferencia de prensa luego de que transcendiera información sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición, relacionadas con la existencia de una carpetas con fotos y documentos que demostrarían que la joven murió y que, en el hecho, había vinculación de “sectores gremiales”.
Acompañada por sus abogados, la mujer señaló que las pruebas recolectadas les permiten sostener que la carpeta con las fotos existe porque en total son diez las personas que revelaron la misma información. En la misma conferencia advirtió que Luz y Fuerza, junto con otros gremios pequeños estarían involucrados.
El caso de Marita Verón
22 años tenía Marita Verón cuando la secuestraron desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde ese día la joven, que es madre de una niña que en ese momento tenía 2 años, desapareció.
Las investigaciones que encaró sola Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
Gracias a su accionar, el caso de Marita llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales.
Trimarco, quien continúa buscando incansablemente a su hija, transformó el dolor en una tarea que permitió rescatar a miles de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en el país y en el mundo.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Fundación María de los Ángeles (@fundacionmariadelosangelesorg)
El 19 de octubre de 2007, Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles la cual brinda asistencia integral a las víctimas. Su trabajo se basa en el acompañamiento legal, psicológico y social. Además, recibe denuncias y ofrece contención y asesoramiento a familiares. Actualmente, la Fundación María de los Ángeles tiene dos sedes, una en Tucumán y otra en Buenos Aires.
Juzgados por el secuestro
Diez años después de su desaparición, trece personas fueron acusadas por el secuestro y posterior obligación del ejercicio de la prostitución en La Rioja.
Conocidos como el “Clan Ale”, el grupo era dueño de varios prostíbulos de la provincia tucumana. Sin embargo, a fines del 2012, fueron absueltos todos los acusados.
El fallo se revocó en 2013. La Corte Suprema provincia revocó el fallo y ordenó que una nueva sala fijara la pena a 10 de los 13. Dos ya habían probado su inocencia y otro había fallecido.
La justicia condenó a 22 años de prisión a dos hermanos. Los considera coautores del delito de “retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución”. También condenó a dos cómplices (18 años) y a otras seis personas como partícipes necesarios (entre 17 a 10 años de prisión).
Pero, por supuesto, no todo salió como debía. La sentencia no quedó firme. Recién en 2017 la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién en ese momento empezaron a cumplir condena